La negociación del traspaso de poderes saca a la luz los asuntos que más inquietan al presidente electo y por los que apremió a Touriño a acelerar la apertura del proceso
05 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Las trituradoras de papel aportan en el imaginario colectivo el punto de intriga del que carece el protocolario relevo en el poder. Con esas máquinas sucede lo mismo que con los camiones de mudanzas apostados en San Caetano, la incógnita está en lo que se llevan. Feijoo quiso abreviar desde la noche electoral este período transitorio que los Gobiernos salientes aprovechan para pasar la escoba. Su impaciencia por poner en marcha el traspaso de poderes y la áspera reacción de Touriño volvió a retratar la falta de sintonía que los distanció durante toda la pasada legislatura, hasta el encuentro del viernes en Monte Pío en el que desbrozaron el camino para que avance el relevo. Estos son los asuntos que tanta prisa metían a Feijoo y que la comisión volverá a tratar el martes. Como en el 2005, algunos papeles de los solicitados estarán pendientes cuando el día 18 desfile por el Obradoiro. Financiación autonómica Aunque Touriño puso a Feijoo al corriente de las gestiones realizadas por su Gobierno de cara al nuevo marco de financiación autonómica, el equipo económico del PP choca con un proceso opaco. En este caso concreto, los recelos populares apuntan al Ejecutivo de Zapatero, que ha impuesto un procedimiento de contactos bilaterales que dificultan que una comunidad pueda saber el tamaño de la tarta a repartir y qué porciones ofrece Solbes al resto, dos variables cruciales para determinar si el bocado es jugoso. Feijoo lamentaba a la salida del encuentro de Monte Pío esa ausencia de cifras por parte del Gobierno central. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, tuvo el gesto de telefonearle, pero no se las facilitó, a pesar de que ya ha anunciado que el sistema está básicamente cerrado de acuerdo con el documento que hizo público en diciembre. Por lo demás, este punto no supondrá un escollo en la negociación, porque el consenso sobre los criterios que defiende Galicia es pleno. Touriño ya aportó la información contable de la ejecución presupuestaria y los compromisos adquiridos por el bipartito. Incendios forestales El cambio en la Xunta ha coincidido con los preparativos de la campaña contraincendios para un verano que los expertos auguran complicado. La reducción de talas y la abundante vegetación acumulada tras un invierno generoso en precipitaciones dispara los riesgos. El que mejor lo sabe es el conselleiro en funciones Alfredo Suárez Canal, que contactó con el PP para facilitar información. Feijoo aprovechó esa llamada para arropar su discurso sobre la conveniencia de acelerar la transmisión de poderes. Los populares ignoran el funcionamiento de un operativo que ahora se canaliza a través de la empresa pública Seaga. Los flecos de este punto de la negociación, para el que el PP solicita interlocución específica, tendrá que cerrarlos el conselleiro saliente con su sucesor. Plan integral del litoral El PP le dejó la patata caliente de la ordenación de la costa al bipartito, que cuatro años después se la devuelve en una coyuntura marcada ahora por la expiración, el 17 de mayo, de la prohibición de edificar en 3.000 hectáreas a menos de 500 metros del mar. Feijoo quiere estudiar un proyecto que, según le comunicó Touriño, el bipartito tiene «moi avanzado» para complementar al trabajo que él mismo esbozó en la recta final del último Gobierno del PP. Aquella propuesta planteaba ampliar de 200 a 500 metros la franja de protección litoral en zonas concretas entre Corcubión y A Mariña. El bipartito quiso ir más allá y delimitó cinco áreas de actuación para atender las especificidades de cada una según su orografía y ocupación: A Mariña lucense, Costa Ártabra, Costa da Morte, las Rías Baixas y las islas. Con la documentación que reciba, la nueva Xunta decidirá si prorroga el veto al ladrillo o puede llegar a tiempo para aplicar un plan integral que ahora está en fase de evaluación ambiental. Personal y concurso eólico Los representantes del PP en la comisión negociadora, Pedro Puy y Agustín Hernández, han solicitado información básica sobre la distribución del personal en la Xunta y los entes autónomos. Esos datos son relevantes para reorganizar un Gabinete que tendrá una arquitectura compleja, pese a recortar tres carteras y el 40% de los altos cargos. El PP también quiere saber los plazos del concurso eólico y otros detalles de cómo está ese proceso en el plano jurídico-administrativo. Touriño ya dio algunas pistas a Feijoo, pero sus hombres en la comisión esperan recibir más el martes.