Fueron necesarios más de tres años para obtener la autorización judicial de derribo y tan solo dos segundos para ejecutarla. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística procedió ayer a la demolición de las dos edificaciones de Oza dos Ríos que fueron levantadas en suelo rústico de protección forestal, para el que la Lei do Solo no contempla en ningún caso la construcción de viviendas o el uso residencial.
La empresa adjudicataria de los trabajos de demolición de los inmuebles, que se encargará de devolver al terreno sus características anteriores, comenzó el pasado lunes los preparativos de la voladura, que requirió de seis kilos de dinamita, tres por edificio. La explosión no obligó a desalojar a ningún vecino, ya que las casas más próximas estaban deshabitadas en el momento de la detonación. En cualquier caso, las medidas de seguridad que se tomaron fueron extremas. Agentes de la Guardia Civil acordonaron la zona y cortaron el tráfico durante los escasos segundos que duró la explosión. La actuación contó también con la participación, por primera vez, de la Policía Autonómica de Galicia, que a partir de ahora colaborará con la Axencia en labores de inspección y control en materia urbanística.
El derribo de ayer se enmarca dentro de las actuaciones que realiza este organismo «cando se cometen este tipo de infraccións urbanísticas», tal y como señaló su director, Hipólito Pérez Novo. «Se se constrúe sen licenza, pois a consecuencia, se non é legalizable, é a demolición», subrayó.
Un mes de plazo
La Axencia tenía un plazo de un mes para ejecutar el derribo, una vez que el pasado mes de enero un juzgado de lo contencioso anulase la licencia de los inmuebles. Los hechos parten de una denuncia efectuada por el Seprona ante la Dirección Xeral de Urbanismo, donde se advertía de la ilegalidad en la que incurrían estas edificaciones al estar en una zona calificada como rústica en el Plan Xeral del concello. La Xunta comprobó que el propietario de las casas poseía licencia municipal para dos viviendas unifamiliares asociadas a explotación agraria.
Por ello, el Concello de Oza dos Ríos, a petición de Urbanismo, tramitó la anulación de dichas licencias, y una vez que el juez dictó que los inmuebles eran ilegales e ilegalizables, se advirtió al propietario para que ejecutase la voladura. Finalmente, fue la Xunta la que ejecutó la demolición subsidiaria, lo que significa que será el propietario quien ahora se haga cargo de los costes.