El coste anual que implica para las arcas de un concello el mantenimiento de un punto limpio asciende a una media de 60.000 euros, aunque en algunos casos puede llegar al doble. La elevada factura, combinada con el hecho de que buena parte de los municipios gallegos no cobran el impopular impuesto de basuras, es una de las razones que explican por qué muchos de estos puntos específicos de tratamiento de residuos pesados están abandonados o funcionan a un ritmo mucho menor del que debieran. Para poner coto al problema, la Consellería de Medio Ambiente instará a los ayuntamientos, a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a unirse en mancomunidades para poder gestionar mejor el servicio y abaratar costes.
Galicia cuenta con un total de 115 puntos limpios promovidos por la Consellería de Medio Ambiente y gestionados luego por las entidades locales. A ellos hay que añadir otros catorce que han puesto en marcha directamente concellos, agrupaciones como el Consorcio das Mariñas, en la provincia de A Coruña, o las diputaciones. Actualmente, basándose en los datos recogidos por Medio Ambiente, al menos veinticuatro no están operativos. Una decena ya estaban terminados en el 2002. El resto fueron rematándose entre el 2005 y este año. La cifra de los que no funcionaban era todavía mucho más elevada hace unos meses.
La idea que tiene ahora la consellería para evitar la paralización es que los municipios de una misma zona se unan y liciten la gestión del servicio a una compañía. «Los restos que se dejan en esos puntos tienen que ser llevados a la planta de Sogama, en Cerceda, para ser tratados. El transporte es uno de los factores que más encarece el servicio», comentan fuentes de Medio Ambiente.
En este sentido, matizan que actualmente, al no haber unión, la empresa que lleva la gestión tiene que cobrar los desplazamientos a cada uno de los concellos para los que trabaje. Pero en caso de que estuviera mancomunado, añaden, una compañía podría en un único viaje llevar lo que acumulan varios de ellos. «Haciéndolo unidos, los concellos pagarían menos y a la compañía también le resultaría mucho más rentable», matizan.
A ello hay que añadir las ayudas que ofrece Medio Ambiente a los ayuntamientos para cubrir ese servicio desde el 2007 y a las que dedica un millón de euros anuales.