La celebración de un único juicio en España por la catástrofe del Prestige se decidió por el precepto jurídico universal del non bis in idem (no dos veces por lo mismo), que intenta que los imputados no sean juzgados por el mismo delito en dos jurisdicciones diferentes. No obstante, fuentes jurídicas consideran que el verdadero objetivo de Francia es acudir a la Justicia española porque, al existir posibilidades de que el Estado español sea condenado subsidiariamente por la catástrofe, se aseguran una liquidez que en el caso del Erika tuvieron con la petrolera Total, pero que en el caso del Prestige brilla por su ausencia. El entramado empresarial que propició la salida del petrolero o ha cambiado de nombre o ha dilapidado sus bienes por temor a embargos judiciales. Desde distintos ámbitos se ha intentado que Francia no dé el paso de ejercer la acusación contra el Estado español en Corcubión con el objetivo de vincularla a la estrategia procesal de la Fiscalía española. Pero todo indica que finalmente este dilema se resolverá al más alto nivel, probablemente en alguna reunión o cumbre ministerial, entre los responsables de Justicia de ambos países. El conflicto de intereses lo explicó hace un tiempo el director del instituto francés Cedre, Michel Girin. «Por un lado Francia quiere recuperar el dinero gastado en la limpieza del vertido, pero por otro no desearía tener un conflicto diplomático con España», aseguró.