La Xunta podrá rehabilitar edificios y cargar los gastos a los propietarios

Vivenda incentivará el cumplimiento de la norma con ayudas a los dueños para actualizar las rentas antiguas


La vivienda debe cumplir una función social y, para ello, su dueño tiene que conservarla en sus condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad. La futura Lei de Vivenda, que sustituirá a la del 2002, regulará, en ese sentido, el deber del propietario de conservar y rehabilitar el inmueble. Así, el borrador legislativo elaborado por la consellería de Teresa Táboas establece que los propietarios «deberán levar a cabo as obras de rehabilitación que resulten necesarias sobre os elementos comúns ou privativos dos edificios e vivendas, cando o incumprimento do deber de conservación ou a insuficiencia das medidas adoitadas supuxeran un deterioro das condicións normais de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade». El concello tendrá la competencia de «velar polo cumprimento dos deberes de conservación e rehabilitación». Si el ayuntamiento no cumple, la Xunta deberá actuar por subrogación. Igual que las casas inacabadas La nueva regulación sigue, en este aspecto, el esquema que ya empleó la Xunta sin éxito para tratar de hacer cumplir la exigencia de rematar las casas inacabadas recogida en la Lei de Ordenación Urbanística 9/2002. En la primavera del 2006, Urbanismo remitió una circular a los alcaldes para recordarles su deber de instar a los propietarios a adecentar sus viviendas y la posibilidad de imponer multas de hasta 6.000 euros. Pero los alcaldes, a un año de las municipales, obviaron las instrucciones. Ahora, en caso de que el deterioro de la vivienda implique un riesgo grave para la seguridad o la salubridad, «a Administración poderá impor á persoa propietaria, ou executar á súa costa, as obras e reparacións indispensables para garantir a seguridade e a salubridade ameazadas sen dar audiencia á persoa propietaria». El borrador prevé la posibilidad extrema de que, previa declaración de inhabitabilidad, la Xunta pueda expropiar edificios o viviendas vacías y que requieran rehabilitación, si el propietario desatiende la orden de ejecutar las obras. En ese caso, la ley penalizará un «incumprimento da función social da propiedade dos edificios». Cumplimiento con subvención Para evitar llegar a la expropiación, la ley prevé incentivos para alentar a los propietarios a cumplirla y rehabilitar. Vivenda subvencionará la actualización a precios de mercado de las rentas antiguas que los dueños perciben de los inquilinos. El importe de la subvención dependerá del nivel de ingresos del inquilino o la familia que ocupe el inmueble. Además de acceder a una renta actualizada, el propietario podrá solicitar las distintas ayudas para rehabilitación. El inquilino también se beneficiará, ya que pasará a habitar una vivienda en condiciones sin mermar su nivel de ingresos. Además, si las obras requieren el desalojo temporal del inmueble, el inquilino siempre tendrá garantizado el derecho a retornar a la casa, salvo que fueran los causantes de su deterioro. La regulación del deber de conservación y rehabilitación tendrá un alcance extraordinario. Según el INE, en Galicia hay 68.450 viviendas en mal estado, 318.954 edificios con más de 50 años y 110.385 con más de cien.

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