Paralizará cautelarmente la construcción en 3.000 hectáreas a menos de 500 metros del mar La normativa podría entrar en vigor en plena campaña de las elecciones municipales
06 may 2007 . Actualizado a las 07:00 h.Los dos grupos que apoyan el Gobierno bipartito aprobarán mañana en el Parlamento la ley más ambiciosa impulsada en Galicia para hacer frente a la presión urbanística que sufre la costa y ordenar su crecimiento. A pesar de su relevancia y de la unanimidad política sobre los objetivos que la inspiran, la nueva legislación no suscitará el consenso parlamentario: el PP votará en contra de una norma que pidió aplazar hasta después de las municipales. La ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia -una decisión en la que la Xunta deberá ser diligente para corroborar la urgencia con la que encargó su tramitación-, prohibirá de forma cautelar la construcción en 3.000 hectáreas de suelo urbanizable situadas a menos de 500 metros del mar, es decir, en la franja considerada de interés autonómico por la normativa urbanística que el PP aprobó en el 2002. Las restricciones, que pueden entrar en vigor en plena campaña de las municipales, serán de aplicación en los 87 concellos afectados hasta que la Xunta apruebe el plan del litoral, previsto para finales de año y que especificará los ámbitos de protección en cada zona. Esos ayuntamientos tendrán que esperar al plan, ya que ninguno cumple la otra premisa para quedar al margen de la prohibición, que es contar con planeamientos adaptados a la ley 9/2002. Adecuar los planes Esta norma obligaba a adecuar los planes antes del 1 de enero del 2006, pero sólo 14 tienen los deberes hechos. Entre ellos, únicamente A Pobra do Caramiñal, cuyo plan tiene ya la aprobación parcial, podría librarse de las restricciones sin esperar al plan litoral. Las 3.000 hectáreas en las que se prohibirá temporalmente edificar representan el 13% del suelo urbanizable en esos municipios, una proporción que relativiza las alarmas del PP y otros sectores -entre ellos, el propio Consello Económico e Social- sobre el supuesto impacto de este veto al ladrillo en la economía de la costa.