El edil de Cultura fija la cantidad que pide, una posible rebaja y los plazos exigidos La primera entrega de fondos se concretó para tan sólo 48 horas después de la negociación vigilada
16 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.Todo está grabado. El caso Gondomar no será en principio un pleito en el que la verdad se dirima sólo entre testimonios enfrentados. Una cinta, cuya grabación fue autorizada judicialmente, se convertirá en la principal prueba de cargo para demostrar las denuncias por corrupción urbanística surgidas en Val Miñor. La cinta, grabada con punteros sistemas de la Guardia Civil, recoge al portavoz del PP gondomareño y concejal de Cultura, José Luis Mosquera, dando todo lujo de detalles sobre las cantidades reclamadas para agilizar la tramitación de un convenio urbanístico, las garantías de ejecución para los promotores, los plazos exigidos para recibir los pagos e incluso el regateo establecido en la negociación. Fuentes de la investigación aseguran que la contundencia de la prueba es absoluta, y así se le habría indicado durante los interrogatorios a algunos de los detenidos. Todo se había iniciado cuando, durante la tramitación de una urbanización de 40 chalés en Gondomar, el arquitecto encausado, Borja Ramilo, indicó a los promotores la condición puesta por concejales del PP local de cobrar una cantidad para agilizar el convenio urbanístico incluyéndolo en el nuevo Plan Xeral. Tras analizar la petición, y dado que los empresarios ya habían invertido 180.000 euros en la compra de la parcela en cuestión, se decidieron a «ir a por todas», según relatan fuentes de la investigación, y seguir la corriente a los ediles hasta el final. Dicha situación fue comunicada antes a la fiscalía especial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dando lugar a la conocida denuncia. Los empresarios nombraron entre ellos a un representante, quien, tras insistir al arquitecto, logró tener una primera conversación directa con el concejal de Cultura, José Luis Mosquera, que es la que quedaría grabada. Dinero en 48 horas La entrevista entre el empresario y el concejal se realizó al fin el pasado lunes, tan sólo 48 horas antes del simulado pago y de las cuatro detenciones. El lugar fijado, el despacho del arquitecto, según señalan las fuentes consultadas. El profesional presentó a las dos personas y no volvió a aparecer en la cinta. El empresario, convertido ya en gancho policial, inició la conversación considerando exagerada la cantidad pedida en la mordida . La respuesta no se hizo esperar, y tras relatar el edil de Cultura necesidades económicas personales, como su hipoteca, aceptó una rebaja de 45 a 35 millones de pesetas. El propio concejal fijó, tal y como consta en la conversación grabada, la entrega en tres plazos. La primera, de diez millones de pesetas, para el pasado miércoles, una vez que se había aprobado inicialmente unos días antes el nuevo Plan Xeral de Gondomar. Los segundos 10 millones, cuando se realizase la aprobación provisional. Y los últimos 15 millones, cuando la Xunta firmase el plan. Únicamente se materializó el primer plazo, justo frente al despacho del arquitecto, en la cafetería del Hotel Galicia, de la calle Colón. Los agentes vigilaban el lugar desde horas antes y, tras la entrega controlada, llegaron las detenciones.