Quinientos ganaderos piden ante la Xunta una nueva declaración de impacto ambiental antes de autorizar un proyecto de minería que afecta a seis municipios
08 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.Ciudadanos anónimos, en su mayoría ganaderos, fueron los que ayer expresaron su oposición a que la empresa Erimsa explote varias canteras de cuarzo en el corazón de la comarca de A Chaira. Con mensajes como « Nós e o noso medio tamén somos de interese público» y « Non á especulación da Terra Chá», medio millar de afectados entregaron 6.000 firmas y se concentraron en Lugo ante el edificio administrativo de la Xunta para pedir una nueva declaración de impacto ambiental del proyecto. Alcaldes y ediles de los seis concellos afectados -todos del PP- acompañaron ayer al medio millar de manifestantes, que también estuvieron arropados por diputados provinciales del PSOE y del BNG. Mientras el portavoz vecinal Mario Saavedra insistía en que la explotación minera afectará directamente a la actividad de mil explotaciones ganaderas, la presidenta de Adega, Adela Figueroa, proponía circunscribir la explotación a una hectárea. Figueroa incidió en que la concesión afecta a un espacio de la Red Natura y que, a pesar de ser interior, mantiene población. Durante la concentración, el alcalde de Vilalba, Gerardo Criado, pidió que la Xunta enviase técnicos a la comarca para atender las consultas de los vecinos. Las zonas incluidas en la concesión son los yacimientos denominados Alicia 5917, Karles 5919 y Pastoriza 5562. El primero ocupa 93 cuadrículas en una superficie de 2.790 hectáreas, repartidas por Abadín, Castro de Rei, Cospeito, A Pastoriza y Vilalba; el segundo, 70 cuadrículas de 2.100 hectáreas de Castro de Rei y Cospeito, y el tercero, 29 cuadrículas de un espacio de 870 hectáreas en los municipios de A Pastoriza y Riotorto. El cuarzo se emplea, según el grado de pureza, en la fabricación de placas solares, microchips o en siderurgia. Su extracción, a unos dos metros de profundidad, suele realizarse en los meses más secos para que la lluvia no afecte a las tareas. La actividad minera en la comarca -que concentra el 14,7% de la producción láctea gallega- puede estar reñida con la explotación agraria, ya que los ganaderos que solicitan las ayudas de la PAC tendrían que restar el área afectada por la mina de la superficie agraria útil que declaran. Adega y varias asociaciones de la comarca presentaron un recurso de alzada contra la resolución por la que la Consellería de Innovación otorgaba esas concesiones. La resolución puede implicar la aceptación de la declaración de impacto ambiental -emitida por Medio Ambiente-, su aceptación o la obligación de elaborar otra. Contra esa resolución podría presentar un contencioso cualquiera de las partes -las asociaciones o la empresa concesionaria-. Además, la extracción de los yacimientos, avalada por una declaración de utilidad pública, podría chocar con concentraciones parcelarias o montes en mano común de la zona que tienen esa misma declaración, lo que supondría un conflicto entre consellerías -Innovación y Medio Rural- que debería resolver el Consello de la Xunta. En última instancia, será necesario presentar un plan anual de labores a la Xunta y una petición de movimiento de tierras a los concellos antes de iniciar la actividad.