García Rivera defiende la legalidad de su actuación y alega que actuó de buena fe El inmueble, que heredó el regidor, ha sido demolido para levantar un hotel
03 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.Tres de las licencias concedidas en el Concello de Foz sin que los proyectos contasen con los informes jurídicos que elabora el departamento de secretaría corresponden a un edificio propiedad del alcalde, el socialista José María García Rivera, y de su familia directa, su mujer y sus dos hijos. Los tres últimos constituyeron a finales del año 2005 la Sociedad Isla Nova-Hotel, sumándose después el regidor, con la intención de demoler un viejo inmueble que había heredado de su familia para levantar un hotel. Las tres licencias tienen relación con este asunto. Una fue concedida en la comisión de gobierno del pasado 24 de marzo y fue para derribar el edificio, ubicado en la calle Pardo Bazán, a escasos metros de la playa de A Rapadoira, el centro neurálgico de Foz en el verano. Las otras dos fueron otorgadas el 29 de marzo, unos días antes de que el Concello acordase suspender los permisos para iniciar la tramitación del nuevo Plan Xeral. Una de ellas fue la licencia de apertura del futuro hotel y otra para construir el nuevo edificio, con sótano, bajo, tres plantas en alto y bajo cubierta. Estas tres autorizaciones, otorgadas sin el preceptivo informe jurídico que estipula el artículo 195.2 de la Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, forman parte del paquete de licencias para edificar 2.060 viviendas que fueron concedidas en las comisiones de gobierno del 24 y el 29 de marzo ignorando tal principio normativo. En ello se insistió ayer desde el PP de Foz, que tomó el relevo del BNG en las acusaciones. Su portavoz, Ramón Martínez, incidió también en el hecho de que, según consta en las actas de las comisiones de gobierno referidas, el alcalde no se ausentó de la sala a la hora de debatir estas tres licencias, limitándose a abstenerse en la votación. El PP echó mano de documentación y no dudó en desplazarse al Registro de la Propiedad, en Lugo, para desvelar que la sociedad Isla Nova realizó el pasado julio una ampliación de capital de 90.000 euros en participaciones que fueron suscritas por García Rivera. De este modo ingresó en la firma cuando ya habían sido concedidas las tres licencias. Para respaldar esta cantidad aportó como bienes pisos de su propiedad ubicados en el edificio que fue derribado unos meses después. Ilegalidad El Partido Popular, sin entrar a valorar la legalidad de esta actuación, la considera poco ética: «Non parece normal facer unha aportación de capital a unha sociedade con bens que ao cabo de catro meses se derruban, cunha licenza concedida de xeito ilegal, polo menos de forma inicial», señaló Martínez. Por su parte, García Rivera volvió a defenderse ayer de la batería de acusaciones que arrecian contra él en los últimos días. Manifestó que la ampliación de capital se realizó de acuerdo con las órdenes de un gestor y de forma legal: «O solo do solar tamén vale algo, ¿non? A sociedade formábana a muller e os dous fillos, pero para pedir un crédito tívenme que meter eu. No banco dixeron que había que facer unha ampliación de capital e entrar eu cos meus bens». Para concluir, insistió en que actuó de buena fe: «Se eu fora polas malas, o normal sería que lle dixera á secretaria que informara as miñas licenzas antes que as outras. ¿Que se ía dicir entón? A mellor proba de que non hai ningún problema é isa».