El edificio de la Xunta en Vigo no corre peligro, a pesar del fallo del Supremo que lo declara ilegal
GALICIA
La Consellería de Economía y la Autoridad Portuaria coincidieron ayer en descartar que la sentencia del Tribunal Supremo que deja en situación ilegal la sede de la Xunta en Vigo vaya a tener algún tipo de consecuencia. Según explicaron ambas instituciones, la desafectación del dominio público de la parcela en cuestión convierte en papel mojado el fallo judicial. Esta tesis fue aceptada por el propio recurrente, el abogado José Ramón Rodríguez-Sabugo, quien expresó su sorpresa por una medida que desconocía. «Seguramente lo hicieron de forma subrepticia y oscurantista, pues yo no tuve conocimiento. Quizás aprovecharon la desafectación de Casa Mar para construir el auditorio». A la vista de esta circunstancia, el que fuera también secretario general del Concello vigués anunció su intención de desistir y no presentar recurso alguno. El edificio de la Xunta fue construido mediada la década de los noventa dentro del proyecto Abrir Vigo al Mar, que buscaba reordenar la zona litoral más céntrica de la ciudad. El inmueble provocó cierta polémica, ya que por su altura y ubicación precisamente limita las vistas al mar. En el plano administrativo supuso un gran avance, puesto que permitió reunir en una sede única y moderna a más de veinte dependencias de la Xunta dispersas por la ciudad. Actualmente trabajan allí unos quinientos funcionarios autonómicos. Alquiler ajeno El proyecto Abrir Vigo al Mar fue impulsado por el Concello, Zona Franca y Autoridad Portuaria. La parte municipal corrió con su diseño, el puerto aportó los terrenos y el Consorcio estatal la financiación. Con la desafectación de la parcela el inmueble pasó a ser propiedad del puerto, que lo alquiló a la Xunta por una cantidad simbólica de 52.000 euros anuales, factura que, sin embargo, abona la Zona Franca. Aprovechando la sentencia, el presidente del puerto, el socialista Abel Caballero, atribuyó ayer al organismo que dirige y a la Zona Franca, a cuyo frente está su correligionario Francisco López Peña, el mérito de resolver el problema planteado por la primera sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «Una vez más hemos sido nosotros los que hemos solucionado un grave problema del Concello», explicó Caballero, quien dentro de unos meses competirá por la alcaldía de Vigo con la actual regidora, la popular Corina Porro. Ambos políticos se han enfrentado recientemente por la ubicación de la nueva depuradora de la ciudad.