TRASCIENDE ahora que un coruñés condenado por la violación de un niño se dio a la fuga. Tras cumplir prisión por otros casos, fue puesto en libertad porque estaba pendiente de fallo su recurso contra la sentencia. Confirmada la condena, se esfumó. Cuando sucede algo así es porque falla el sistema, del que forman parte tanto las normas legales como quienes las hacen y los que tienen la responsabilidad de aplicarlas. Lo ocurrido puede ser consecuencia de un sistema muy garantista. Pero ¿garantista para quién? Desde luego, no da garantías ni a la sociedad ni a las víctimas, sean reales -en este caso un niño- o potenciales. Porque hay pocas dudas de que, en libertad, un personaje como el condenado por este caso de pederastia y con antecedentes por hechos similares es un peligro público. La sucesión de fallos en el buen funcionamiento de la Justicia deja perplejos a los ciudadanos. Asombro que no mengua con actuaciones divergentes hasta la contradicción, como las aún recientes decisiones sobre el caso del ácido bórico. Un magistrado imputa a A, B y C en un proceso en el que no ve responsabilidad de los actores D y E. El asunto pasa a otro juzgado, y D y E pasan a ser los presuntos infractores. El ciudadano no sabe qué juez acierta y cuál yerra, pero no le cabe duda de que algo funciona mal. La mayor víctima de este estado de cosas es la propia Justicia, que pierde eficacia y prestigio.