El secretario del Ayuntamiento y un agente acudieron ayer a declarar en calidad de testigos El ministerio público aún no ha decidido si citará al alcalde para que aclare los hechos
18 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.PROTESTA VECINAL. Los vecinos de Nigrán impidieron en junio que el pleno municipal aprobase el polémico Plan Xeral de Ordenación. ?a investigación sobre el supuesto tráfico de influencias por la venta de parcelas y su frustrado intento de recalificación por el Concello de Nigrán ha entrado en una nueva fase. El fiscal especial de delitos contra la ordenación del territorio de Vigo recibió el pasado 4 de octubre el informe elaborado por los detectives del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y al día siguiente abrió la ronda de interrogatorios. Todo apunta a que el fiscal -que mantiene absoluto mutismo- dictará una resolución «en breve». En este escrito determinará si aprecia un delito y presenta una querella en el juzgado de guardia o, por el contrario, archiva el caso por falta de pruebas. El secretario del Ayuntamiento nigranés, Julio César Doallo, declaró ayer en el despacho de la Fiscalía de Vigo durante 50 minutos. Lo hizo en calidad de testigo por su condición de funcionario municipal. También comparecieron un cabo de la policía municipal y otro empleado público. Las comparecencias más esperadas son las del presidente del Celta, Carlos Mouriño, uno de los compradores de los terrenos, y del alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez. Sin embargo, la Fiscalía parece haber descartado llamar al directivo celeste por tratarse precisamente de uno de los propietarios. Y, por el momento, el ministerio público sigue indeciso sobre si interrogar o no al alcalde del municipio del Val Miñor y ex directivo del club de fútbol vigués. Una de las razones esgrimidas para sopesar con prudencia una comparecencia del primer edil es que las elecciones municipales están a siete meses vista y que su paso por la Fiscalía -aunque sea como testigo- podría dañar su imagen ante los electores. Para evitar que este tipo de incidencias en los tribunales pudieran salpicar una carrera política, el ministerio público camina con pies de plomo. Pruebas El ministerio público ha reconocido que la investigación es cada vez más más complicada debido a la gran complejidad del asunto, con numerosas ramificaciones. El principal problema que ha tenido la Fiscalía ha sido dar con datos fiables y documentación precisa para arrancar definitivamente sus investigaciones. Todo apunta a que las pesquisas del Seprona han dado sus frutos y que los agentes han hallado, al menos, un indicio de posible delito de negociaciones prohibidas. Se trataría de una prueba relacionada con movimientos de patrimonio económico. Algo que parece suficiente para mantener viva la investigación. «Esto no se va a parar», advertía una fuente cercana al departamento de delitos contra el ordenamiento del territorio. No ha trascendido si ya hay imputados.