La mayoría de los concellos con planeamientos en tramitación deberán rebajar sus objetivos La calificación sin ajuste legal es el primer motivo de paralización de normas municipales
13 may 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Las deficiencias en la clasificación de suelo que los ayuntamientos incorporan en sus proyectos de planificación urbanística, para ampliar la capacidad de edificación, es el principal motivo de intervención de la Xunta contra los planeamientos en fase de tramitación. Las últimas penalizaciones de la Dirección Xeral de Urbanismo, que supusieron el informe desfavorable a la aprobación de los planes de los municipios de Boqueixón y A Estrada, ilustran esa tendencia a ampliar las previsiones de crecimiento a partir de la clasificación de suelo como urbano no consolidado sin cumplir las condiciones que la Lei do Solo exige para esa tipificación. Además de los casos señalados, la tipificación de suelo no ajustada a la ley obligará a la mayor parte de los concellos con planeamientos en fase de aprobación inicial por parte de Urbanismo, o pendientes de la definitiva, a realizar correcciones para que sus normas reciban el visto bueno de la Xunta. Otro defecto habitual es la falta de justificación de decisiones de planeamiento, porque los concellos dan por supuestos aspectos que no figuran en el documento de aprobación. Nuevas intervenciones Según Urbanismo, por una u otra razón, la totalidad de los planes sometidos a trámite tienen algún punto que corregir. Es decir, que en las próximas semanas las normas urbanísticas de otros municipios seguirán el mismo camino que las de Boqueixón y A Estrada. El director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, asegura que su departamento se va a mantener tajante en la exigencia del cumplimiento de la ley. Su actuación en ese sentido ha soliviantado a los alcaldes, que consideran excesivamente «drástica» su gestión. Así lo manifestaron ante la Xunta los representantes de la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) en la constitución, en abril, de la comisión paritaria de urbanismo dentro del Pacto Local. Los regidores han demandado mayor flexibilidad en la aplicación de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, elaborada por el Gobierno del PP, que deja a los ayuntamientos la competencia, por ejemplo, para ordenar la finalización de las casas inacabadas. La Xunta remitió en marzo una circular a los concellos para recordar a los alcaldes su deber de exigir a los propietarios de casas con ladrillo visto que adecenten las fachadas, una vez que el plazo legal de tres años para realizar esas obras ya expiró en enero pasado. A Urbanismo no le consta que los regidores, que ya criticaron entonces la orden, tengan intención de acatarla. La coyuntura preelectoral Lueje sostiene al respecto que confía en que la comisión paritaria del Pacto Local contribuya a «sensibilizar a los alcaldes con los problemas del urbanismo y del paisaje, y que no interpreten que las actuaciones tienen un sesgo partidista, porque el mismo criterio se está utilizando con los del PP, el PSOE y el BNG», asegura. Las expectativas de la Fegamp ante la próxima reunión de esa comisión (prevista para este mes, pero que todavía carece de fecha) son similares a las de Urbanismo, aunque en sentido contrario. Los alcaldes, reacios a las políticas expeditivas a un año de las elecciones municipales, esperan de los responsables autonómicos una «sensibilidade especial» con los ayuntamientos en la aplicación de la ley urbanística de Galicia. El departamento de Política Territorial advierte que no rebajará la exigencia del cumplimiento de la ley por la coyuntura preelectoral.