El Constitucional falla que la Xunta cesó a veterinarios por exigir sus derechos

?l cese de los veterinarios de la Xunta en el 2001 se hizo de forma incorrecta por parte del Gobierno gallego. La decisión no se ajustaba a razones técnicas objetivas, como entonces argumentó la Administración y aceptó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sino que se debe ver como una represalia frente a las denuncias que los trabajadores habían planteado ante la Inspección de Trabajo y a la estrategia sindical de demanda de conflicto colectivo, para lograr que se les reconociesen sus derechos laborales. Así lo estima el Tribunal Constitucional, que se postula favorable a las tesis de los trabajadores. La primera sentencia del Constitucional sobre este conflicto afecta a dieciséis veterinarios que prestaban servicio en Ourense. Despedidos el 31 de diciembre del 2001, en plena crisis de las vacas locas, los afectados presentaron en su día demanda por despido, cuya nulidad declaró en abril del 2002 el Juzgado de lo Social número 2 de Ourense. La sentencia se sustentaba en la vulneración, por parte de la Xunta, de la garantía de indemnidad de los trabajadores, como estos proclamaban. La interpretación de los distintos juzgados de lo social de Galicia a los que correspondió analizar este conflicto chocó, en una fase posterior, con la posición del TSXG, que dejó los despidos en improcedentes, sin que la Administración aceptase la vuelta de los afectados a sus antiguos puestos de trabajo. Después de un efímero paso por el Tribunal Supremo, que no admitió el recurso de casación para unificación de doctrina, al apreciar que no había tal diferencia, sin entrar por ello en el fondo del asunto, llegó al Constitucional. Un recurso de amparo por provincia. En el caso que afecta a los veterinarios de Ourense, declara ahora el Constitucional que la sentencia del Tribunal Superior de Galicia (favorable en parte a las tesis de la Xunta) vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva: la declara nula. Aunque el fallo conocido es el primero, y están pendientes de publicación los que corresponden a las otras provincias gallegas, en medios sindicales se presume que los demás seguirán la misma línea. La resolución, a juicio de Etelvino Blanco, dirigente ourensano de la CIG, representa «unha evidente censura ao proceder do Goberno galego no momento no que se produciron os feitos, con unha maneira de actuar intransixente por parte dos responsabeis do PP». Un total de 140 afectados El total de afectados en Galicia por el conflicto es de 140 profesionales, a quienes la Administración, una vez que el procedimiento vuelve al momento en el que se dictaron las sentencias de los juzgados de lo social, deberá abonar los sueldos dejados de pagar desde el cese de actividad el 31 de diciembre del 2001. Y negociar la posible readmisión. El conflicto se había suscitado en su momento al reclamar los veterinarios sus derechos laborales, toda vez que el Gobierno gallego limitaba la vinculación a través de sucesivos contratos administrativos de periodicidad anual, desde 1993, en las correspondientes campañas de saneamiento ganadero.

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