Nuevos planes generales y recalificaciones de suelo, instrumentos para evitar la demolición Cumplir las sentencias de los tribunales obligaría a pagar altas indemnizaciones
17 sep 2005 . Actualizado a las 07:00 h.No existe en Galicia concello, cualquiera que sea su color político, que se precie de no tener en su territorio municipal algún tipo de construcción declarada ilegal y con orden de ser derribada. Cuestión distinta es que la orden acabe siendo cumplida; en este caso sería una excepción en la selva de irregularidades urbanísticas que se extiende a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Los casos más notorios suceden en las grandes urbes, como Ourense y Vigo, pero ayuntamientos como Viveiro, Teo, Sanxenxo, A Pobra y la isla de A Toxa, por poner algunos ejemplos, no se escapan a la moda de «construye que ya se legalizará». En los últimos días la polémica se ha centrado en Vigo, al reiterarse, una vez más, alguna orden de derribo. Pero en la misma situación se encuentran varios edificios emblemáticos de Ourense, como los construidos en la llamada finca Méndez o en el antiguo solar del asilo. Los ayuntamientos buscan afanosamente alguna vía para evitar las demoliciones ordenadas por los tribunales de Justicia, y la suelen encontrar. Nuevos planes Aprobar nuevos planes generales de urbanismo o proceder a la recalificación del suelo son los instrumentos más utilizados por los ayuntamientos para legalizar las infracciones urbanísticas que ellos mismos cometieron o permitieron. Así lo entendió el Ayuntamiento de A Coruña, que se apresuró a redactar un nuevo plan que dejó sin efecto las sentencias que anulaban licencias o planes parciales. La recalificación del suelo fue el camino seguido para legalizar el centro comercial de Continente entre los municipios de Barbadás y Ourense, sobre el que durante años pesó una orden de derribo, decretada primero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y después por el Supremo. Nunca llegó a ejecutarse. Cuando el uso de tales instrumentos no es posible, porque no se llega al consenso necesario entre los grupos políticos que gobiernan una ciudad -caso actual de Vigo- o porque las modificaciones que se pretenden vuelven a ser declaradas ilegales por los tribunales, los ayuntamientos aún disponen de una serie de triquiñuelas para demorar sine díe la ejecución de las resoluciones judiciales. Retrasan las contestaciones, solicitan nuevos plazos o piden al tribunal la inejecutabilidad de sus propias resoluciones. Todo ello provoca que los asuntos se eternicen. Ahora mismo hay, en A Coruña, una sentencia dictada hace 25 años que ordena derribar parte de un edificio, pero que el ayuntamiento coruñés nunca ejecutó, sin que le inquietasen al alcalde los apercibimientos por un posible delito de desobediencia. Excepción Los tribunales no atienden a razones sociales, ni mucho menos a políticas, para suspender la ejecución de sus sentencias. Las primeras son invocadas por los concellos para evitar indemnizaciones millonarias por sus propios errores, y las segundas porque alegan que la infracción fue cometida por corporaciones anteriores. No obstante, en alguna ocasión el tribunal admitió excepcionalmente la imposibilidad de ejecutar una sentencia, pero siempre por motivos de seguridad. Eso sí, determinando él mismo la cantidad a indemnizar. Así sucedió en Ourense, en donde el tribunal fijó en 600.000 euros (más intereses) la cifra que el Concello tuvo que pagar a los vecinos afectados por la construcción ilegal de un edificio.