La responsabilidad limitada tolera que sólo abonen el 2% de los daños del «Prestige» España defiende una línea dura para elevar la participación de propietarios y aseguradores
23 ago 2005 . Actualizado a las 07:00 h.? instancias de países como España y Francia, el Fondo Internacional de Compensación por Daños por Vertidos de Hidrocarburos (Fidac) ha creado un grupo de trabajo para discutir si es necesario reformar la normativa internacional que regula las compensaciones en caso de una marea negra: el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992. El proceso de revisión surge a raíz de la anacrónica situación tras el vertido del Prestige , en el que los propietarios del buque y la aseguradora tan sólo abonarán el 2% del coste total estimado de la catástrofe, unos 22 millones de euros. Esto es posible gracias al límite de responsabilidad establecido por la comunidad internacional, calculado en base a las toneladas de arqueo bruto del barco. España ha adoptado una postura dura en comparación con otros países más tolerantes con los beneficios que este régimen otorga a los propietarios y a las aseguradoras de los petroleros. En una nota enviada al Fidac, el Gobierno español apoya «la revisión al alza de los límites disponibles de indemnización en el primer y segundo estrato (propietarios y aseguradores) y el endurecimiento de los requisitos de los propietarios de los buques para disfrutar del beneficio de la limitación. Compromiso de fletadores Además, España considera que debe tenerse en cuenta un factor clave en la crisis del Prestige : «Un mayor compromiso de los fletadores en la selección de petroleros de suficiente idoneidad técnica». También reclama que se aclare el ámbito de aplicación del convenio cuando el derrame se produce más allá de las aguas territoriales, en áreas donde no ha sido declarada una zona económica exclusiva. Francia apoya la revisión del límite de responsabilidad de los propietarios, pero su propuesta no es tan radical como la española. Sobre la cuantía de limitación, propone que pueda ser aumentada en función del producto transportado y su grado de peligrosidad. «Tal aumento de las obligaciones que pesan sobre el propietario -aseguran los franceses en su documento-propuesta- tendría carácter de incentivo para la calidad de los buques empleados en el transporte de productos susceptibles de provocar graves contaminaciones». También plantean favorecer la indemnización de las víctimas «económicamente frágiles» mediante pagos de urgencia, similares a los aprobados por el Gobierno español durante los meses en los que la pesca y el marisqueo estuvieron prohibidos en la zona afectada por el vertido. En otro orden de cosas, también proponen tener más en cuenta la indemnización de los daños al medio ambiente. Sin embargo, no parece que la interpretación francoespañola, mucho más reformista, sea la que finalmente triunfe. La mayoría de los países y la propia dirección del Fidac consideran que el régimen internacional que se discute «ha funcionado en general muy satisfactoriamente» y que, por lo tanto, «toda revisión debía llevarse a cabo de tal manera que preservase y reforzase dicho régimen».