Negocia con cajas y bancos la aportación de 58 millones para completarla antes del 2006 Sólo están licitados 6 de los 30 kilómetros finales de la vía que unirá Santiago con la ciudad de As Burgas.
23 ene 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La Xunta todavía no tiene asegurada la participación de cajas y bancos gallegos en la financiación de las obras para completar la primera autopista interior de Galicia, que unirá Santiago con Ourense. Ocho meses después de la puesta en servicio de todo el trazado de la primera fase (56 kilómetros entre Compostela y el Alto de Santo Domingo, en el concello pontevedrés de Dozón), y a falta de un año para el plazo comprometido para abrir los 30,4 kilómetros que restan hasta el enlace con la A-52 en la localidad ourensana de Barbantes, el Ejecutivo autónomo sigue negociando con las entidades financieras gallegas su entrada en un proyecto con un coste de 194,8 millones de euros. El Gobierno gallego constituyó por un decreto aprobado en abril del 2003 una sociedad pública (Aceousa) con el objetivo de finalizar la autopista. La empresa, participada íntegramente con capital de la SPI (Sociedade Pública de Investimentos, dependiente de la Consellería de Economía), se encargará también de la explotación y mantenimiento de esa última fase del vial hasta el final de la concesión, fijado en diciembre del año 2057. Préstamo comunitario Para financiar los 194,8 millones de euros necesarios para completar el trazado en servicio, la Xunta acordó solicitar un préstamo al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por el 50% del coste de las obras (97 millones). El 20% saldrá de las arcas de la comunidad autónoma (39 millones) y el resto (58 millones) serán aportados por los bancos y cajas de ahorros que se sumen al proyecto. La Xunta ya recibió en el 2003 el visto bueno del BEI para el préstamo comunitario, por lo que sólo queda pendiente cerrar la negociación con las entidades gallegas. En el sistema de financiación privada aplicado en la primera fase, Caixa Galicia, Caixanova y Caja Madrid se sumaron a las cuatro empresas constructoras y las tres concesionarias. Fomento también participó junto a la Xunta en los primeros 56 kilómetros. La sociedad pública a la que la Xunta ha encomendado la conclusión de la AP-53 recibirá este año 58,7 millones de euros de los Orzamentos de la comunidad autónoma, que se suman a los 16,6 aportados en el 2003 para expropiar terrenos y licitar obras. Las cargas económicas derivadas de este proyecto obligaron al Ejecutivo a romper el equilibrio contable en el pasado ejercicio para asumir una deuda de 8,9 millones. Los 30,4 kilómetros finales de la vía de pago que vertebrará el interior de Galicia están divididos en dos tramos: Dozón-Cea (17,3 kilómetros) y Cea-enlace con la autovía A-52 (13,1 kilómetros, en los que se habilitará un área de servicio). El trazado afecta a los concellos de Dozón, Piñor, Cea, Maside, O Carballiño, Amoeiro, Punxín, Ourense y Toén. La sociedad pública licitó en noviembre las obras de 6,7 kilómetros del sub tramo Dozón-Amear, con una inversión de 22,6 millones. El gasto incluye una partida de 2,1 millones para la expropiación de 611 fincas afectadas. El trazado diseñado por la Xunta provocó la movilización de los vecinos del pueblo de Santa Cruz de Arrabaldo, que quedará dividido por el vial.