Una supuesta trama electoral en las islas Baleares salpica por un error judicial a la provincia de las Rías Baixas, al desplazarse la instrucción de la causa a diversas localidades sudamericanas
12 ene 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?uchos son los que entienden el carrexo de votos como algo intrínsecamente arraigado a los procesos electorales que se celebran en Galicia. Una de estas personas debe de ser el titular de uno de los juzgados de la ciudad argentina de Paraná, inmerso junto con su homólogo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Montserrat, en la investigación del caso Mapau, una presunta trama de captación ilícita de votos de emigrantes para el PP en las elecciones autonómicas de 1999. El juez en cuestión, a la hora de notificar la comparecencia de varios españoles residentes en la población argentina que fueron censados aquel año para votar en los comicios de Baleares en Formentera, confundió esta isla mediterránea con Pontevedra. Y se montó un caos. Hasta que el embrollo vio algo de luz, varias salas de la capital de la provincia de las Rías Baixas recibieron escritos y solicitudes varias que poco tenían que ver con los asuntos que tramitaban. Sólo hay que pensar que los funcionarios pontevedreses se las vieron de la noche a la mañana con documentos que, en algunos casos, pretendían esclarecer la identidad de los individuos que rellenaron las reclamaciones censales de los emigrantes votantes en Formentera, y en otros, determinar qué personas participaron en lo que muchos consideran un proceso acelerado para que un indeterminado número de extranjeros obtuvieran la nacionalidad española y pudieran depositar su voto en la isla. Fuentes judiciales baleares añadieron, asimismo, que transcurrió «algo de tiempo» desde que se produjo el lapsus judicial hasta que se tuvo conocimiento del mismo y se pudo subsanar. El caso Pero, ¿qué es el caso Mapau? La causa judicial se abrió el 10 de junio de 1999 cuando una sala de instrucción de la ciudad de Ibiza tuvo conocimiento de un posible caso de carrexo ilícito de votos a favor del Partido Popular. El caso toma su nombre de una de las, hasta el momento, ocho personas imputadas: María de la Pau Segura. Hija de otro de los imputados -Miquel Segura, jefe de prensa de la Consellería de Presidencia en la década de los noventa y que hoy dirige el Instituto de Estudios Baleares-, se sospecha que fue contratada en 1998 para hacerse cargo del censo masivo. La prensa mallorquina, no obstante, no duda en situar al ex ministro Jaume Matas al frente de la trama. En octubre del 2002, el Tribunal Supremo decidió no imputarlo, «por ahora». Estos mismos medios de comunicación sostienen que María de la Pau accedió a su puesto de trabajo «después de una prueba a la que no se presentó y por unos conocimientos de ruso que no poseía».