El compromiso de un título

CUANDO EN 1882 La Voz de Galicia publicó su primer ejemplar, esta empresa periodística expuso con toda claridad cuáles eran los principios fundacionales y qué contribución quería aportar a la sociedad gallega. Como el tiempo ha venido a demostrar, aquel editorial, recientemente rescatado de la hemeroteca, trazaba mucho más que un cúmulo de buenas intenciones. Era un compromiso con la democracia y con el desarrollo de esta tierra. Costoso, como todos los que exigen esfuerzo y fatigas, pero gratificante, porque obedecía a la causa más noble que pueda plantearse un gallego amante de su tierra. Varias generaciones después, el espíritu fundacional sigue impregnando la línea editorial del único periódico que puede considerarse plenamente gallego, tanto si se mide por el ámbito de difusión (toda Galicia sin excepciones), como si se observa la cobertura periodística (catorce redacciones en la comunidad), o si se repara en la propiedad. Es importante tener esto en cuenta en un momento de sarpullido periodístico, en el que muchas cabeceras nacen y sobreviven ajenas a las leyes del mercado, sin lectores suficientes para hacerlas rentables, pero descaradamente apoyadas con desproporcionados fondos públicos que parecen sustraerse a los controles democráticos habituales. En medio de ese intrincado panorama, La Voz, que mantiene a mil familias, no responde a más obediencia ni vocación que la que expone todos los días en su título. Convertido en el primer periódico regional de España, destacado entre los principales de la nación y consolidado como el número uno del país gallego, tiene el deber de hacer honor a su cabecera. Es y quiere ser la voz de Galicia, con todo lo que eso significa en cuanto a pluralidad, apertura y altura de miras. Fiel a ese principio, es evidente que La Voz no puede mirar hacia otro lado cuando se conculcan o se desprecian los intereses de Galicia. Lo demostró una vez más con ocasión del desastre del Prestige, y continúa corroborándolo con la reclamación de las grandes infraestructuras que precisa esta tierra. Creo firmemente que Galicia no debe dar ya más la imagen tan deplorable del pedigüeño. Si algo sobra en nuestra historia es la vena plañidera que nos achacan por esas anticuadas referencias al «mexan por nós», a la «longa noite de pedra» o incluso a las modernas de la deuda histórica. Todos esos son tópicos que no resisten un análisis más allá del sentimentalismo y la demagogia. Lo que le corresponde a Galicia no es llorar, sino desarrollar sus potencialidades y competir en el duro entorno europeo. Y para ello son precisas las infraestructuras que demanda, no como un favor, sino como un acto de justicia política. ¿O acaso no hay que compensar a una tierra que ha visto cómo expropiaban sus fuentes de energía eléctrica, pisoteaban su primacía en la pesca europea, vaciaban la incipiente industria o dejaban languidecer la riqueza forestal y agropecuaria? Ciertamente, el Plan Galicia ha tenido mucho de virtual. Nacido como un señuelo político para sacarse de encima las malas conciencias, nunca fue redactado, presupuestado ni dotado económicamente. Ni siquiera fue presentado o pactado en la Unión Europea. Pero sólo la insistencia de los gallegos ante los políticos y gobiernos de uno y otro signo puede hacer que algún día sea realidad. De hecho, la oferta que se anunció en el Consejo de Ministros de A Coruña es ya en sí misma bastante limitada. Ni la Transcantábrica dará servicio a las poblaciones de la costa norte, ni el Puerto Exterior nos pondrá a la cabeza de Europa -si se llega a hacer-, ni el AVE será tal. Incluso en La Voz de Galicia hemos caído en la trampa de llamar con semejante grandilocuencia a lo que consistirá, simplemente, en un tren ligeramente mejorado sobre el actual, que de ninguna manera circulará a 300 por hora -ni a la mitad de esa velocidad- por nuestro territorio. Como tuvo ocasión de escuchar el presidente del Gobierno en una esclarecedora cena durante su última visita a Coruña, Galicia no puede permitirse el lujo de perder más oportunidades. La solidaridad interterritorial que ha practicado Europa no ha sido en absoluto aprovechada para potenciar el desarrollo, porque ni la Xunta, ni el anterior supuesto «gobierno amigo» ni el actual se han tomado en serio esta responsabilidad. Asistimos, sin embargo, a suntuosos despilfarros en obras desmesuradas, cuando no inútiles, e injustificables déficits de televisiones públicas que fomentan la telebasura, y al debilitamiento de voluntades. Con parecida frivolidad se ha tratado el Plan Galicia. Unos prometieron, pero no ejecutaron ni financiaron. Otros es cierto que han hecho un esfuerzo presupuestario, pero insuficiente para garantizar el avance de las obras y el cumplimiento de los plazos. Y todos han empleado las ansias de mejora de nuestra tierra como un arma arrojadiza, que sin duda les permite influir en los votantes, pero no resuelve ninguno de los grandes retos a que se enfrenta la sociedad. Prueba de ello es que cuando se cumplen dos años de la catástrofe del Prestige, las costas gallegas siguen igual de indefensas que entonces. Mientras estos problemas se enroscan en una espiral sin fin ni soluciones, la vida pública gallega se enrarece con políticas de incienso y discusiones de minifundio. Lo decisivo para el futuro de Galicia no es si la Xunta cambiará de manos o continuará en las actuales. Suceda una u otra cosa, con unos u otros protagonistas, lo que se hace imprescindible es afrontar decididamente los retos que plantea el siglo XXI y empezar por fin a ponernos al día. Ese es el único objetivo de La Voz. Como viene haciendo desde el primer día de su historia y como se propone hacer siempre, aunque ello lo indisponga con este o aquel Gobierno o con instituciones y entidades de todo tipo que se agazapan en la supuesta voluntad popular, pero se rebelan contra la transparencia y el control democrático. Sabemos que en este propósito no nos ha de faltar el apoyo que pedimos. El de los lectores. Que es el único que interesa a La Voz.

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