Reportaje | La presión sobre los órganos de poder en Bruselas Empresarios, abogados y políticos gallegos extendieron una tupida red de «lobby» en la capital europea para influir en las decisiones comunitarias o defenderse de ellas.
25 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Si Galicia fuese un pulpo con la cabeza bien anclada en Santiago de Compostela, no tendría más remedio que extender sus tentáculos hacia Madrid, Portugal, probablemente Argentina, pero sobre todo hacia Bruselas. En la capital comunitaria es donde se aprueban hoy la mayor parte de las leyes y reglamentos que afectan no sólo a las empresas, sino también a la vida cotidiana de los gallegos. Y esto, ya de por sí, justifica que Galicia tenga una presencia fuerte ante los órganos decisorios de la Unión Europea (UE). En los últimos quince años, las grandes empresas gallegas, sindicatos y organizaciones de todo signo -desde ecologistas, feministas hasta antiabortistas-, han extendido en Bruselas una tupida red de lobby (grupos de presión) para influir en las decisiones comunitarias. Este desembarco lo simboliza de alguna forma la creación en 1988 de la Fundación Galicia-Europa, impulsada por la Xunta, aunque con el apoyo de un entramado empresarial que agrupa a las cajas de ahorro de la comunidad, el Banco Pastor, el Consorcio Zona Franca de Vigo y las cámaras de comercio. Paralelamente, esta seudoembajada gallega canaliza también la presencia en Bruselas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), así como de los 18 concellos galaicos y portugueses que integran el Eixo Atlántico. La función de todos estos agentes consiste en ejercer de lobbistas , es decir, en visitar constantemente a los funcionarios europeos, en pasearse por la Eurocámara y en establecer contactos con las delegaciones diplomáticas o las oficinas regionales de otros países para intentar que las decisiones comunitarias no lesionen los intereses que representan. Anticipación «Lo que hacemos los lobbistas es anticiparnos a los acontecimientos, seguir de cerca las normas que están en discusión para intentar influir en su resultado», señala Ramón García Gallardo, director del despacho de abogados SJ Berwin, en el que trabajan tres gallegas, y que debe «entre el 30% y el 40% de su actividad», dice, a los clientes que tiene en Galicia. Pongamos como ejemplo dos sectores tradicionales de la economía gallega, la agricultura y la pesca. Cualquier persona aprecia hoy con claridad que la mayor parte de estas políticas ya no se diseñan en Santiago, ni en Madrid, sino en Bruselas, hasta el punto de que el comisario de este ramo, el austríaco Franz Fischler, ejerce más poder e influencia sobre los agricultores y pescadores gallegos que el presidente de la Xunta. Este ejemplo se podría completar con otros menos visibles, pero igual de importantes. La empresa de cátering, que sirve la comida a los niños en el colegio o a los padres en la empresa, tiene que cumplir unas normas de higiene alimentaria que decidió la UE. Los mismo ocurre con las reglas sanitarias y de etiquetado que se aplican a la producción de mejillón, de queso de tetilla o de ternera gallega. Por no hablar de las leyes sobre bienestar animal que se deben cumplir en los establos o las relativas al comercio y a la competencia, que afectan a todo bicho viviente. Incluso la guerra del fletán libró uno de sus frentes más importantes en Bruselas, igual que el acuerdo pesquero con Marruecos o el accidente del Prestige . Capital europea del «lobby» Todo esto es lo que ha convertido a Bruselas en la capital europea del lobby , un sector que en esta ciudad aglutina a más de 11.000 personas repartidas en casi 3.000 oficinas, de las que en torno a doscientas representan, como la Fundación Galicia-Europa, los intereses de las regiones europeas.