El tribunal suspendió la orden de Pesca de anular los permisos de explotación de las copropietarias de viveros La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo de suspender cautelarmente la orden de Pesca de no renovar los permisos de explotación (pérmex) a los titulares de una concesión administrativa de batea ya no tiene vuelta atrás para una veintena de mariscadoras que, ante el conflicto de incompatibilidades que se les planteaba, optaron por abandonar definitivamente su profesión.
21 ene 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Aunque ahora la norma ha caído -al menos temporalmente-, las afectadas no podrán volver a las playas. Sí regresarán al trabajo las 35 mariscadoras copropietarias de bateas que recurrieron a los tribunales por considerar discriminatoria la decisión autonómica. De hecho, las productoras que ya han recibido el fallo se apresuraron, auto judicial en mano, a solicitar las ayudas por la inactividad a la que obliga el naufragio del Prestige . Daños irreparables El magistrado que firmó el auto valoró que la revocación del pérmex puede causar a los afectados «perjuicios de difícil o imposible reparación», de ahí que proceda la suspensión de la orden de Pesca. Es sólo la victoria de una batalla, pero suficiente para infundir ánimos en un colectivo que ve amenazada la supervivencia de su quehacer profesional por razón de su estado civil. Ese espaldarazo recibido por los tribunales lleva a las mariscadoras a demandar de nuevo a la Consellería la modificación del decreto 425/93 para corregir lo que consideran una grave discriminación. Y es que, según explican, sólo el carné de marisqueo a pie es incompatible con la posesión en régimen de copropiedad de una concesión administrativa. No ocurre lo mismo con el pérmex para trabajar a flote, dado que éste no se expide a título personal, sino a una embarcación. Así, tal y como está redactada la norma, se da la incongruencia de que un bateeiro sí puede mariscar desde una embarcación si posee el permiso, mientras que la mujer de un bateeiro no puede disponer de esa licencia para faenar. A juicio de CIG-Mar, que asesoró a las mujeres en el conflicto, la solución es simple: «Só con equiparar os carnés de a pe e de a flote na disposición transitoria segunda do decreto solucionaríase unha cuestión que na práctica se convirte nunha discriminación sexista», señala Salvador Ribadomar. El secretario xeral de Pesca, Miguel López Sieiro, aseguró ayer que desconoce el texto judicial, por lo que declinó manifestarse al respecto.