El ordenamiento compromete a la Xunta a introducir medidas tendentes a racionalizar el uso del suelo -Promotores y arquitectos aplauden el propósito, pero recelan de su eficacia
21 dic 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La nueva Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, que el Parlamento aprobó el miércoles gracias a la mayoría del PP y sin el respaldo de la oposición, persigue acelerar el proceso edificador para atajar la especulación con el suelo y contener, de este modo, la escalada del precio de la vivienda en Galicia. En los últimos seis años, el valor de un piso de nueva construcción se ha incrementado en un 38% en esta comunidad. El ordenamiento que reemplaza a la Lei do Solo de 1997 asume la responsabilidad de los poderes públicos para garantizar un uso racional del suelo. Un control que debe ser estricto para impedir la especulación y coherente para que permita satisfacer todas las necesidades. Con ese propósito, la ley incorpora medidas como la ampliación de los límites de crecimiento sostenible y otras orientadas a simplificar y agilizar la gestión urbanística. La revisión de los límites de crecimiento posibilitará edificios con más alturas en las ciudades. Es decir, en el mismo terreno podrán construirse más pisos. La supresión de trámites innecesarios favorecerá la construcción. Otra novedad de la ley autonómica orientada a poner coto a la especulación del suelo es la que faculta a los concellos para forzar a los propietarios de solares vacíos entre edificios, abundantes en muchas ciudades gallegas, a su urbanización. Los ayuntamientos ofrecerán al dueño del terreno la posibilidad de asumir su urbanización. Si no llegan a un acuerdo, el concello convocará un concurso en el que los promotores podrán presentar sus proyectos. El ayuntamiento ofrecerá ese proyecto al dueño del solar, por si está interesado en realizarlo. Si el propietario se desentiende, el concello podrá ocupar ese suelo y construir, abonando las compensaciones oportunas. Protección pública Una de las iniciativas más ambiciosas para frenar la evolución de los precios en el mercado inmobiliario es la obligatoriedad de reservar el 20% del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable para viviendas de protección pública. Los técnicos subrayan que se trata de un criterio ambicioso, que sitúa a la ley gallega entre las más sensibles a la demanda de viviendas protegidas. Aunque dudan de su eficacia. Los promotores y constructores advierten de que el efecto será el contrario, y que esa reserva elevará aún más los precios. Sostienen que la ampliación del límite de edificabilidad puede tener una repercusión positiva, que dependerá de los planes municipales. Los arquitectos, en cambio, ven esencial que los concellos aprovechen su margen de maniobra para ampliar, a través de sus planes generales, esa reserva inicial del 20%. Intervencionismo La Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural modifica los instrumentos de intervención en el mercado del suelo, también con la intención de influir en su abaratamiento. Así, regula el patrimonio público del suelo, que será de constitución obligatoria para todos los municipios con plan general. En la nueva ley, el Gobierno gallego deja en manos de los ayuntamientos la aprobación de planes definitivos y parciales, si bien mantendrá el control sobre los planeamientos generales.