La suerte de los magistrados planea sobre la vista oral que se inicia hoy La sonada metedura de pata que cometieron los tres magistrados de la sección Cuarta de la Audiencia Nacional (Carlos Cezón, López Ortega y Carlos Ollero) al poner en libertad a El Negro a escasas semanas del juicio les acarreó una querella criminal de la Fiscalía General del Estado por prevaricación dolosa que, en teoría, les puede acabar costando entre 10 y 20 años de separación del cargo.
13 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Ello en teoría, porque ni los tres fiscales que tenían encomendada la misión de elaborar la querella han logrado ponerse de acuerdo para suscribirla. Las incógnitas que planean sobre este polémico asunto son básicamente dos: la suerte del juicio y la de los tres magistrados, tanto en el ámbito penal -la palabra la tienen cinco magistrados del Tribunal Supremo- como en el disciplinario, que es en el que le toca hablar al Consejo General del Poder Judicial. El juicio. Nadie abrigaba la menor duda de que en la mañana de hoy se constituirá el tribunal con los tres polémicos magistrados en el estrado y los 37 acusados -o los que aparezcan- en el banquillo. Por su puesto, falta El Negro, que aprovechó su liberación para huir, pero la ausencia de algún otro de los procesados ya podrá ser motivo suficiente para la suspensión de la vista. Como en cualquier juicio de cierta complejidad, la primera jornada se consumirá en el planteamiento de las cuestiones previas. Es el momento de formular las recusaciones, aunque en este caso, tal y como está el patio, es poco probable que se lleguen a plantear. La suerte de los magistrados. Independientemente del calendario del juicio, se da por descontado que, cuando se reanude ya no estarán en el tribunal los tres querellados. Los propios magistrados dan por hecho que esta misma semana van a ser suspendidos de empleo y sueldo. La decisión es previsible que sea adoptada por la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, que tiene previsto reunirse el martes. Ello supondrá que sus actuales salarios, que rondan las 4.500 euros (748.737 pesetas) mensuales, se quedarán reducidos a unos 900 euros (149.747 pesetas), lo que supondrá un serio quebranto de sus economías. La postura del Tribunal Supremo. Con todo lo preocupante que resulte todo lo anterior para los tres magistrados, lo peor es lo que queda por venir. En los próximos días, los cinco togados designados por el Tribunal Supremo para entender del caso tendrán que reunirse y decidir si admiten a trámite la querella. Casi todo el mundo da por hecho que va a ser admitida. A partir de ahí se impone una espera de uno o dos años antes de la sentencia. Todo apunta a que el veredicto será absolutorio, porque a estas alturas ya casi nadie duda de que la querella del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, tiene más base política que jurídica.