Una empresa subvencionada por el Igape cierra antes de cumplir cuatro años de existencia
25 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.El cierre de empresas con menos de cuatro años en activo y beneficiadas por subvenciones públicas suscita entre sindicatos, trabajadores y empresarios de la provincia de Lugo un serio debate sobre el descontrol en la concesión de fondos de distintas administraciones. Al reciente caso del patomocho de Cospeito, denunciado recientemente por el Partido Socialista, se suma la denuncia presentada el 30 de julio por el encargado de la empresa Guimanher S.A., ubicada en Pardiñas (Lugo), para dar cuenta del embargo de varias máquinas de la empresa valoradas en veintidós millones de pesetas. En su declaración, el encargado de la firma dedicada a la fabricación de mangos para aperos, José Antonio Lorenzo Rodríguez, recordó que la empresa cerró en noviembre del pasado año por diversos motivos, entre ellos, la falta de pagos a los siete trabajadores. Cien millones de capital Guimanher S.A. abrió sus puertas en Pardiñas hace unos cuatro años, y en octubre de 1998 contaba con un capital de ciento un millones, del que parte fue financiado por el Igape (22,5 millones) y la Fundación para o Desenvolvemento da Comarca da Terra Cha, que subvencionó la iniciativa con trece millones procedentes del plan europeo Leader II. Así lo informaron los empresarios vascos José María Egoskozabal y Javier Makagaza, que a finales de 1998 -fecha en la que fue presentada la fábrica de mangos a los medios de comunicación- ésta alcanzaba el setenta por ciento de su capacidad, con una producción de cuatro mil mangos de madera de eucalipto vendidos principalmente en España, y alrededor de un 35 por ciento en Israel y otros países. Deudas Lorenzo Rodríguez insistió en la denuncia presentada en que la empresa tiene la maquinaria embargada por el Juzgado de lo Social de Lugo, por diversas deudas contraidas. Por su parte, cabe recordar que los antiguos trabajadores de la empresa Guimanher S.A. presentaron en octubre del 2000 una demanda ante las autoridades laborales para solicitar la rescisión de sus contratos, según informó el sindicato Comisiones Obreras, que entonces confirmaba además que la empresa también había dejado de pagar a sus proveedores de madera.