La Comisión Europea justifica la renovación del pacto con Groenlandia por tener «un alcance mayor que el de otros protocolos» La Comisión Europea admite que el sistema de gestión y control de los acuerdos internacionales de pesca presenta deficiencias que deben subsanarse. Pero no entona un abierto «mea culpa» ante los duros reproches del Tribunal de Cuentas de la UE, que le critica el haber pagado «peces que sólo han existido sobre el papel». Es más, justifica la renovación del pacto con Groenlandia, «por tener un alcance mayor que el de otros convenios», y desvía el tirón de orejas hacia los estados, a los que acusa de «no facilitar datos para determinar si se cumplen los objetivos». Sólo al final deja entrever un serio propósito de enmienda.
16 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea criticó con dureza al Ejecutivo por haber fomentado la especulación con la gestión de los acuerdos de pesca y por haber pagado millones por convenios que no eran rentables. La Comisión admite que la Corte presupuestaria tiene razón, pero sólo en parte. Se escuda en los estados miembros para justificar que no haya un seguimiento permanente de los acuerdos, pues «no facilitan los datos necesarios para determinar si se cumplen los objetivos establecidos». Y aún apunta otra razón: la falta de personal, ya que «el limitado número de inspectores con el que cuenta la Comisión obliga a establecer prioridades en el programa de control». Si hay un aspecto en el que el Ejecutivo comunitario se prodiga en explicaciones es a la hora de justificar la renovación del acuerdo con Groenlandia. Además de subrayar que el último protocolo se fijó a un nivel muy inferior al anterior -bajó de 6.156 a 4.658 millones de pesetas- y que se tuvieron en cuenta los datos históricos de capturas para establecer las posibilidades de pesca, alude a que tiene «mayor alcance» que otros acuerdos de pesca, porque prevé la concesión de asistencia a dicho país y, además, permite a la Comunidad canjear cuotas con Noruega, Islandia e islas Feroe. La Comisión subraya que la Corte presupuestaria no ha sacado a relucir nada que no se plasme en el estudio de evaluación del coste-eficacia de los acuerdos que el Ejecutivo encargó en 1999, un texto que «ha resultado de gran utilidad para la redacción del informe del Tribunal de Cuentas». Dejando a un lado la socarronería, la Comisión deja entrever un firme propósito de enmienda y subraya que ya ha tomado medidas para solventar esas deficiencias, de ahí que los últimos procesos de negociación se abordasen con informes específicos en la mano, con datos sobre posibilidades de pesca, uso de los fondos para el desarrollo e importancia estratégica de la flota. Así, el Ejecutivo se compromete a incluir en los convenios una cláusula que obligue al socio a intercambiar información científica sobre los recursos, para evitar que se puedan imponer vedas de forma unilaterales. También está dispuesta a dar cabida a las autoridades presupuestarias y de lucha contra el fraude en las negociaciones de acuerdos para impedir que se desvíen los fondos destinados a cooperación y a evitar que las subvenciones a la construcción de barcos dificulten la pesca sostenible.