Crece la polémica del caso de las multas, que resolverá el Supremo

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

FIRMAS

OSCAR CELA

Los abogados piden la anulación, pero el fiscal va en sentido contrario

05 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El panorama judicial lucense es como una montaña rusa. Hace unos días parecía como si todas las grandes operaciones que estaban en marcha estuviesen amenazadas como consecuencia de una polémica y controvertida decisión de la Audiencia Provincial de Lugo de enviar a la papelera la investigación de la jueza Estela San José sobre la retirada de multas. Esta reaccionó enviando providencias a las partes que pueden verse afectadas en su caso con abundante jurisprudencia de órganos judiciales superiores y, de paso, les pedía que se pronunciasen después de la «novedosa» sentencia de la Audiencia.

Dos son los asuntos que se dilucidan. Por un lado, enviar al cesto de los papeles la trama de las multas de la Policía Local, que supuso la imputación de casi el 90% de la plantilla de agentes. Por otro, hacer lo mismo con las «multas de los pobres». En esta están todos aquellos que aún no teniendo contactos vip, es decir, entre la clase política, también conseguían evitar el pago de algunas sanciones porque alguien en la jefatura Provincial de Tráfico se las retiraba.

El abogado que defiende a la mayoría de los agentes locales ya presentó un escrito diciendo que hay que anular todo. Letrados presentes en la otra causa también se acogen a lo expuesto en el fallo de la Audiencia y consideran que sus clientes han de ser absueltos como ocurrió con los políticos.

El letrado Víctor Espinosa no efectúa ninguna valoración. Despacha el trámite con apenas dos líneas en las que explica que ha de acatarse y compartir los fundamentos jurídicos de la resolución emitida por la Audiencia Provincial.

Pero hay disidencias. El fiscal dice que, de momento, no hay que anular nada. Es decir, se pronuncia en sentido contrario. Lo hace en informes que ocupan, según indicaron ayer varias fuentes, más de una decena de páginas. El contenido de los mismos no pudo conocerse. Algunos de los abogados tenían ayer constancia de la decisión del fiscal, pero no conocían el contenido del escrito que, apuntaron, esperan que les den traslado del mismo para poder tener conocimiento sobre los preceptos que invoca.

Con este panorama, todo apunta a que puede haber caso de las multas para rato. El asunto irá casi con toda seguridad al Tribunal Supremo para que analice los pormenores de la actuación de la jueza y decida si los magistrados de la Audiencia Provincial tienen razón en la anulación o no. La tesis de estos es que la magistrada, al estar investigando un delito de tráfico de drogas y encontrarse con un supuesto caso de cohecho, debido a las presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes de algunas multas en la DGT, debió abrir una pieza, separarla y enviarla al juzgado decano para que este volviera a repartirla. Cabía, por tanto, la posibilidad de que volviese a tocarle a la misma jueza.

La situación de controversia jurídica planteada podría motivar también que se frenara en seco la intención de echar tierra a la operación Rey, cuyo juicio está anunciado para mediados del próximo mes de octubre. Los abogados, sin duda, aprovecharán la situación, sin embargo todo parece indicar que el fiscal estaría por la labor de dejar las cosas como están si para aquel entonces todavía el Supremo no se pronunció.

Gran controversia

La controversia generada por la decisión de la Audiencia motivó pronunciamientos dispares. Incluso el fiscal considera que ha de ser presentado un recurso. Entiende que hubo error de planteamiento, pero estima que este no generó ningún tipo de indefensión a los afectados.

La jueza amparándose en sentencias del Supremo, advierte que ha establecido que «la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia sobre los órganos de jurisdicción penal ordinaria, no constituye infracción del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley (...) las cuestiones de competencia reconsiderables al ámbito de la interpretación de las normas reguladoras de dicha competencia entre órganos de jurisdicción ordinaria no rebasan el plano de la legalidad, careciendo por tanto de relevancia constitucional».