Las dos sentencias sobre el párking Veteris conocidas esta semana no cogieron por sorpresa ni al gobierno local ni a los técnicos municipales. Ni tampoco a los residentes ni, posiblemente, a la empresa que da nombre al aparcamiento, que fue la misma que lo construyó y que ahora lo explota gracias a una concesión directa del Concello que ha sido anulada por los tribunales.
Todos eran conscientes de la inseguridad jurídica con que se tramitó desde el inicio el proyecto de construir un aparcamiento bajo una vía pública, la calle Antón Fraguas, vinculado a sendas promociones inmobiliarias.
Los trámites arrancaron en el año 2001 y el garaje no abrió sus puertas hasta el 2010. Antes, en el 2003, el Concello adoptó la solución que ahora han tumbado los jueces. La vía elegida, modificar el PGOU para admitir la ejecución conjunta bajo una calle pública y unos edificios privados, fue adoptada, como se encarga de repetir el concejal de Infraestructuras, César Mosquera (BNG), por el PP y el PSOE en contra del criterio de los servicios jurídicos del Concello y del BNG. Pero Mosquera, que entonces era concejal de Urbanismo, acató la decisión mayoritaria. Y la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta también dio luz verde.
¿Y ahora? ¿A quién hay que pedirle explicaciones?