El director general de Intrum Justitia en España y Portugal, Luis Salvatierra, explica que «somos una compañía multinacional con presencia en 20 países europeos, nacida en 1923 en Suecia y llevamos 30 años en España. Nuestra actividad es la gestión y recuperación de créditos para nuestros clientes, y compras de cartera de deuda vencida. Los procesos se inician con acciones amistosas extrajudiciales y posteriormente se utilizan acciones judiciales».
El banco asume en su balance esas pérdidas por préstamos fallidos que vende a precio de saldo a estas empresas de recobro. Dichas firmas clasifican a los morosos por su capacidad de pago, por si ha pagado uno o más recibos. Les mandan cartas para comunicarles de que son sus nuevos acreedores o les llaman por teléfono para reclamarles el pago. Algunos están ilocalizables y son eliminados de la agenda. Otros quedan clasificados como de difícil cobro y algunos aceptan pagar en plazos. Buscan acuerdos extrajudiciales y si van a juicio evitan que el pleito exceda de 2.000 euros para eludir las tasas. «Incluso ahorran en procurador al nombrar a un representante legal», dice un experto. Algunos secretarios judiciales han empezado a mirar con lupa y archivar estas demandas de recobro porque faltan facturas, no acreditan su legitimidad o cargan intereses o comisiones abusivas. Otros no han detectado nada anormal.