En mayo del 2009, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) zanjaba el litigio judicial que enfrenta desde más de una década antes a la comunidad de montes de Teis y al Concello de Vigo por la titularidad de los terrenos del zoológico y de otras parcelas de A Madroa. El fallo judicial, firme al no existir recurso posible, cayó como una bomba en el gobierno municipal, cuyas tesis habían sido aceptadas previamente por la Audiencia provincial aunque no en la sentencia inicial de un juzgado local.
Sin embargo, la sentencia favorable se convirtió en un arma de doble filo para la comunidad de montes: los convirtió en titulares del terreno pero para hacerse con la titularidad real debían indemnizar al Concello por las instalaciones allí existentes, cuyo valor era preciso determinar.
Obviamente, la comunidad no tiene dinero para hacer ese desembolso y, por otra parte, tampoco tiene interés alguno en ser titular de un zoológico. Por su lado, el Concello se ha negado a expropiar el terreno a los comuneros ya que se encuentra cómodo en la actual situación ocupando gratis una parcela que no es suya.
Desde entonces los vecinos lo han intentado todo para forzar al gobierno municipal de Caballero a moverse. Ofrecieron el zoo a la Xunta y a la Diputación, que no mostraron interés. Sugirieron a alguna entidad privada que se hiciera cargo, con el mismo resultado. Amenazaron al Concello con reclamar la titularidad de carreteras en A Madroa como forma de presión y no lograron tampoco bloquear con moles de granito la glorieta de entrada al zoológico, que el Concello retiró de inmediato.
En estas condiciones, primero presentaron un recurso contencioso-administrativo para exigir al Concello que los expropiara, pero el fallo en esta ocasión les ha sido negativo.
De manera extraoficial, han hecho pública una valoración de los terrenos del zoo que cifran en 1,5 millones de euros, y también se muestran dispuestos a alquilárselos al Concello. Desde la parte municipal no hay respuesta, salvo que se considere como tal la reclamación del IBI del terreno a la comunidad de montes, 19.000 euros, y que se les embarguen sus cuentas por no pagarlo.
A la búsqueda de una solución, la directiva vecinal solicitó una entrevista con la concejala de Facenda tiempo atrás. Cuando trascendió la reunión, el alcalde le ordenó dar marcha atrás. Desde entonces han transcurrido varios años de total incomunicación, lo que imposibilita una solución negociada a este conflicto social.