Hace un par de semanas La Voz del Barbanza se hacía eco de una noticia que parecía increíble, por supuesto inimaginable en cualquier otro país con un sistema jurídico serio. El titular era esclarecedor y aberrante: «El 70% de los mariscadores de a pie de Cabo de Cruz están de baja». En Rianxo, la misma noticia recogía que era el 30%, un índice mucho menor, pero todavía inaceptable.
¿Se imaginan ustedes por un momento que el 70% de la plantilla de Jealsa, Frinsa, Citroen o cualquier gran empresa estuviese de baja? ¿O que solo trabajase el 30% de todos los autónomos de España? Sin duda el sistema, por consiguiente el Estado, se colapsaría en menos de una semana.
Ante la evidente irresponsabilidad de quienes están en esta situación sin motivo, los profesionales sanitarios que los amparan, consienten y firman, y los servicios de inspección que no lo remedian, ¿qué hacen los que mandan en última instancia? Para mí son estos los que tienen mayor responsabilidad pues consienten el despilfarro del dinero público. El que todos los ciudadanos ponen a través de sus impuestos y que ellos han jurado o prometido gestionar bien.
Otro aspecto llamativo es que este presunto fraude tiene lugar en una parcela donde la Seguridad Social, a través del Régimen Especial del Mar, mantiene la gestión e inspección de las incapacidades laborales transitorias, de las bajas y también de las altas vamos. Casi el resto de los trabajadores por cuenta ajena y la totalidad de los autónomos han sido obligados a acogerse a las mutuas privadas que ejercen una mayor presión y control en este tipo de procesos. Hasta tal punto -de dudosa legalidad- que llegan al extremo de llamar a inspección a personas a los pocos días de operarse. Contrasta sin duda esa actitud inquisitorial de las empresas privadas con la barra libre del organismo del Estado.
Otra cuestión llamativa es que este problema no lo haya denunciado nadie en los juzgados, ni el sector crítico ni el oficial, que en cambio llevan todos los demás problemas a la Justicia ¿Acaso no les parece la situación llamativa, anormal o ilegal? ¿Cómo se pretende tener credibilidad dirigiendo un sector o aspirando a hacerlo si se mira para otro lado ante un hecho tan grave como este?.
Está claro que el sector del marisqueo ha aceptado ser una actividad económica de subsistencia, subvencionada y con un futuro poco prometedor. Sobre todo porque nadie tiene que dar explicaciones ante la infrautilización de los recursos públicos -¡que son de todos, no de los mariscadores!- por cuyo uso y disfrute no pagan nada.
En cuanto a la excusa de la duras condiciones de trabajo como origen de tan alto absentismo laboral, mejor ni comentarla. Baste con preguntar a pescadores, labradores, ganaderos, albañiles y otros muchos profesionales, que además de soportar condiciones iguales o peores, cumplen jornadas de ocho horas como mínimo y no cuatro. Ante situaciones similares, aseguraba mi abuela que si la explicación es peor que el hecho en sí, mejor ahorrarla.