El período de exposición pública del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense (PXOM) entra en su recta final. Y como suele suceder en este tipo de casos, los colectivos profesionales, ciudadanos y también los particulares apuran hasta el último minuto para presentar sus alegaciones al documento. Si en los últimos días se superó la cifra de medio millar, desde el gobierno local se es consciente de que con el empujón final el volumen de reparos se eleve considerablemente.
Ayer fue un día movido en este sentido desde primera hora de la mañana. El mayor volumen de alegaciones fue el presentado por la Agrupación Miño, un colectivo vecinal que controla 17 asociaciones del entorno rural. Sus dirigentes calculan que presentarán unas 800. De ellas, una es colectiva de la agrupación, quince de cada una de las asociaciones y 250 individuales que tramitó el equipo de asesores que contrataron. A mayores, desde cada asociación se gestionaron en torno a unas 500 más de particulares. «Hay este volumen de quejas porque el Concello elaboró el plan de espaldas al rural. Quedan más de 1.000 viviendas fuera de ordenación. Aún que diga la concejala que no pasa nada, una vivienda en esa situación pierde la mitad de su valor al venderla o hipotecarla», indicó José Manuel Casares, vicepresidente de la agrupación.
Otro colectivo, más reducido pero que también movió ficha ayer contra el PXOM, fue el de los propietarios del edificio de Marcelo Macías afectado por una sentencia que lo declara ilegal. Los noventa dueños se presentaron en el registro del Concello para presentar las alegaciones contra un plan que, creen, les deja en un «vacío legal» y complica aún más la situación de sus viviendas: «El documento presentado se aleja mucho de una solución a nuestra situación, que ahora se ve agravada con un vacío legal ante el silencio del plan, que omite deliberadamente la incorporación de la ordenación que permita la legalización de lo construido». En concreto, se quejan de que su bloque de edificios (Marcelo Macías 146-148-150) tiene ocho alturas y bajo cubierta, mientras que el plan contempla un máximo de bajo más cuatro plantas.
Los propietarios se encuentran en plena batalla legal después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense anulara las licencias de este edificio tras la nulidad del PXOM del 2003. Están pendientes de un recurso de apelación.
Los reparos políticos
En la jornada de hoy se presentarán las alegaciones de tres formaciones políticas: PP, BNG y Anova. Y es que la actividad es frenética ante la inminente finalización del plazo de exposición pública, que concluye mañana.
Los 90 dueños del edificio ilegalizado de Marcelo Macías creen que quedan en un vacío legal