La titularidad privada de los terrenos dificulta el desalojo del poblado
17 jul 2013 . Actualizado a las 09:29 h.El derribo fallido de una nave en la Conservera Celta, que conllevaba el desalojo de nueve de las 42 familias que aún residen en el poblado chabolista, ha vuelto a traer a primer plano la situación del principal asentamiento de infraviviendas que todavía perdura en la ciudad tras la erradicación de Penamoa, en abril del año pasado.
En estos quince meses, el plan de inserción social lanzado por el gobierno local ha permitido pactar el realojo de cinco familias, un total de 31 personas incluidos 12 de los 76 menores que los técnicos de chabolismo tenían censados en el poblado en mayo del 2012. Con todo, el proceso de erradicación del asentamiento del Pasaje se ha demostrado mucho más enrevesado que el de Penamoa, una situación que cabe atribuir a las diferencias en la propiedad del suelo. Así, en el caso de Penamoa los terrenos eran municipales, por lo que el Ayuntamiento pudo iniciar por sus propios medios el procedimiento judicial para desalojar a las personas que se negaron a acogerse al plan de integración lanzado por el anterior gobierno.
Sin embargo, en la Conservera Celta, los terrenos donde se levanta el asentamiento son de terceros, por lo que primero hubo que cerrar un acuerdo con los propietarios para que los técnicos de Servicios Sociales pudiesen intervenir en el lugar. Ahora, tras el derribo fallido de la nave, forzado por una orden de ruina decretada por el propio Ayuntamiento, será el propietario del inmueble quien tenga que acudir a los tribunales para forzar el desalojo de las viviendas que rodean la nave y cumplir así la orden municipal.
Los terrenos ya habían sido objeto de pleitos previos entre sus dueños y el Ayuntamiento, por la decisión de este de plasmar en el plan general la reducción de sus parcelas, que mermaron en casi 26.000 metros cuadrados tras el último deslinde aprobado por la Demarcación de Costas. El organismo había decretado que los terrenos ganados al mar deberían seguir siendo de titularidad pública y avalaba la decisión del anterior gobierno local de calificar la mayor parte del suelo como zona verde, para velar por la protección del entorno de la ría.
Una operación, confirmada por sentencias del TSXG y del Tribunal Supremo, en la que los dueños de los terrenos perdieron cerca de la mitad de la edificabilidad.