Censura la nula supervisión de proyectos y la concentración de adjudicaciones
05 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El 70 % de los proyectos autorizados con cargo a los 8.000 millones de euros del Plan E carecían de interés público e incumplían los objetivos marcados en el programa de inversiones. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre el fondo extraordinario para obras con el que el Gobierno Zapatero intentó contener, en el 2009, la hemorragia del paro tras el crac del ladrillo. Un estudio en el que, pese a su carácter global, se señala directamente la mala gestión de los proyectos financiados en la comarca, con especial crudeza en el caso de Cambre y A Coruña.
En lo que respecta a la ciudad, el máximo órgano fiscalizador del Estado la pone de ejemplo, pero no precisamente para ensalzarla. Asegura que, de los municipios de mayor población, fue el que más incumplió la obligación legal de supervisar los proyectos ya que en ninguna de las cuatro obras que tomaron como muestra se cumplió este precepto. Y apunta las consecuencias de esta negligencia: a los pocos meses de adjudicar la construcción del polígono de Novo Mesoiro con una rebaja de 217.971 euros, el Ayuntamiento tuvo que aprobar una modificación del contrato que incrementaba el importe de la obra en 216.577 euros alegando que hubo que modificar los trabajos de excavación y de saneamiento del terreno por la configuración del subsuelo. Algo que para el Tribunal de Cuentas «no supone una causa imprevisible sino imprevista» por el gobierno local antes de comenzar la obra, una mala planificación que redujo a unos exiguos 1.400 euros el ahorro.
En cuanto a Cambre, el órgano fiscalizador le recrimina que concentrase en pocas manos los beneficios de estas obras, al repartir 36 proyectos entre solo 12 empresas, mientras que censura a Arteixo por generar un 44 % menos de los puestos prometidos para parados. La única palmada en la espalda se la lleva Oleiros, uno de los once ayuntamientos de toda España que decidieron privatizar la gestión de sus obras, en este caso una piscina, obteniendo unos ingresos de 13.500 euros.