Discapacidad provincial


Para la Diputación de Pontevedra, los niños con autismo, con síndrome de Down, con paraplejia o sin cualquier otra «capacidad para desarrollar sus necesidades básicas diarias» no tiene derecho a ir a un campamento de verano, como consta en las normas de admisión. Dejar a los discapacitados en la calle debe de ser eso que los expertos llaman integración. Se puede pensar que la medida es justa o que es injusta. A mí me parece aterrador. Pero por un momento vamos a dejar al margen cualquier consideración, porque lo simpático del asunto no es eso.

Ayer, tras la denuncia del BNG, la Diputación aseguró que, en la práctica, sí admite en los campamentos a los niños discapacitados aunque las bases digan lo contrario. Según un portavoz, un padre puede llamar allí y, «con sentido común», se le admite. Gran revelación: para que la Diputación se salte sus propias normas, solo hay que levantar el teléfono. El método es tan eficaz que ni se plantean cambiar las bases. ¿Y qué pasa con los padres -temerarios- que crean que las normas son normas, y se aplican, y no se les ocurra llamar? Pues a esos que les den.

De una institución que hace unas normas para ignorarlas con una llamada telefónica se puede esperar de todo. Oye, que un niño se queda sin una beca porque supera la edad máxima y llama el padre; venga, 450 euros. Oye, que un Concello reclama una ayuda, pero está fuera de plazo y no deja de llamar; dale 40.000. Oye, que una banda de saxos se queja de que no les damos parte de las ayudas para gaiteiros; marchando 1.000 euriños.

Y sobre todo: ¿Adónde hay que llamar? ¿Al móvil de Louzán? ¿Si le pones un WhatsApp también aplica el sentido común? Si quiere una subvención, marque el uno. Si quiere que la Diputación se salte sus normas, marque el dos. Si quiere sentido común, espere. Sentado.

angel.paniagua@lavoz.es

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