Vilasantar es el último en incorporar una ordenanza para exigir fianzas
26 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El negocio de la madera distorsiona cada vez más la tranquila vida rural de los vecinos. La escena empieza a ser cada vez más frecuente: camiones que cargan madera e interrumpen el paso de los residentes durante interminables minutos; máquinas cuyo tonelaje revienta el firme de las pistas de paso; cunetas plagadas de restos de madera...
El problema es tan grave que hasta dos fuerzas antitéticas como PP y BNG han aunado fuerzas en Vilasantar para sacar adelante una ordenanza con la que minimizar los daños que causan las labores de los maderistas. «Lo que queremos es que los que realicen estas labores pidan un permiso para cortar la madera de una manera ordenada y sin crear problemas a los vecinos, sin estropear las pistas municipales», sentencia el alcalde de Vilasantar, Fernando Pérez, del Partido Popular.
La ordenanza, que está en período de alegaciones, entrará en vigor dentro de un mes. A partir de entonces, cualquier maderista que quiera operar en los montes de Vilasantar deberá determinar los días y el horario en que se trabajará, así como el lugar donde depositarán la madera. Los maderistas deberán entonces una fianza de entre 1.600 y 3.100 euros (en función del tamaño de la maquinaria a utilizar). Una vez concluidos los trabajos, un técnico del Ayuntamiento revisará los caminos y las fincas para comprobar que están igual que al principio. «¿Que no está todo bien? Pues se arreglará con el dinero de la fianza y, además, se pondrá la consiguiente sanción», explica el regidor de Vilasantar. La ordenanza prevé multas de entre 3.100 euros (por estropear caminos u operar sin el permiso municipal), hasta menos de 300 euros para daños leves.
«Los vecinos se quejan de que muchas veces no pueden pasar, sus tractores no pueden avanzar, queda todo embarrado o está cortado por ramas enormes... otras veces hay un camión cargando madera y no señalizan, dejan todo sin recoger», resume Fernando Pérez, quien también se queja de la rotura de una arqueta por una carga de madera. «Quede claro que no estamos en contra de los maderistas, la madera hay que quitarla sí o sí, y es un negocio muy rentable también para los vecinos, pero hay que seguir unos pasos de convivencia», añade el regidor de Vilasantar, quien apunta a las parroquias de Vilariño, Barbeito y Mezonzo como las parroquias más afectadas.
Difícil cumplimiento
Este municipio del interior coruñés ha bebido de otras ordenanzas para elaborar una normativa «sencilla para que se pueda cumplir». Porque en otros ayuntamientos, donde ya disponen de estas normas, reconocen que cuesta hacerlas cumplir. El alcalde de Irixoa, Antonio Deibe, asegura que, pese a llevar más de trece años con una ordenanza reguladora de operaciones forestales, se hace necesario un código de buenas prácticas. Aranga es uno de los municipios más estrictos, mientras que Miño, Paderne o Cesuras también cuentan con normas. Este último municipio dispone de la ordenanza desde el 2008. «Intentamos llevarla a la práctica, pero hay gente que no nos hace caso, nos deshacen las carreteras y nos crean numerosos problemas», se queja el alcalde de Cesuras, Julián Lucas. «Por eso estamos pensando en endurecer las normas, poner fin de una vez a esta situación».