El Ayuntamiento se gasta en balde 600.000 euros al año en combatirlas
20 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Las multas por realizar una pintada pueden llegar a los 3.000 euros. Así lo recoge la ordenanza de gestión de residuos y limpieza viaria, cuando considera la acción como muy grave. El problema radica en que es necesario coger al infractor con las manos en la masa para poder aplicar la sanción. Y en ese aspecto, la Policía Local ha intensificado su labor en las últimas semanas: un plan de choque contra el vandalismo centrado en los puntos calientes de este tipo de prácticas, las áreas de copas y de botellón.
Se pretende así frenar unos actos que suponen al Ayuntamiento un coste de 600.000 euros al año. Esta cantidad de dinero no sirve para casi nada. A la vista está. Una pared limpia se convierte en una golosina irrechazable para un grafitero. La pintarrajeará a la mínima oportunidad. Precisamente, en ese momento deben estar presentes los agentes que, de uniforme y de paisano, patrullan el Orzán, la plaza de Santa Catalina y otros lugares conflictivos.
La clave pasa por trasladar estos comportamientos al ámbito penal. Una pintada con la autoría acreditada a una persona puede quedarse en una simple sanción administrativa regulada por la citada ordenanza. Pero desde María Pita indican que todos estos partes policiales se trasladan a la Policía Nacional, para que investigue la posible comisión de un delito de daños.
En caso positivo, la cosa se podría poner muy negra para el autor de las firmas y grafitis. El Código Penal prevé severas multas si los destrozos superan los 400 euros. Pero incluso se pueden llegar a fijar penas de prisión, si el juez valora que concurren una serie de requisitos tasados como afectar a bienes de dominio o uso público o comunal, o colocar al perjudicado en grave situación económica.
La intención del Ayuntamiento pasa porque todo el trabajo de la Policía Local se complemente con el de la Policía Nacional. En ese sentido, fuentes municipales señalan que lo ideal es que el 091 realice un expediente completo a cada grafitero con todas las pintadas que realiza, en vez de incoar uno individual por cada pintada. Una vez completados estos expedientes se deberían trasladar a la autoridad judicial.
De este modo, A Coruña se suma a Oleiros dentro de los ayuntamientos que declaran la guerra a las pintadas. En Oleiros tienen documentadas y atribuidas hasta 400 pintadas, 200 de ellas a la misma persona, y esperan poder aplicar las sanciones más duras contra ellos.