Más de cincuenta trabajadores públicos tienen sus empleos en peligro
07 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, hizo saltar las alarmas hace un año al prohibir no solo la ampliación de las plantillas de funcionarios, sino también la contratación de personal laboral o eventual, que en los ayuntamientos de la Costa da Morte supone medio millar de personas. El Gobierno matizó posteriormente su propia decisión, de manera que los concellos solo tienen que «justificar» la necesidad de un trabajador para poder contratarlo.
La inestable situación laboral de ese amplio colectivo, sin embargo, da ahora un nuevo vuelco debido a los recortes que aplica la Xunta a plazas que tradicionalmente costeaba en su totalidad o en su mayor parte, como las de agentes de desarrollo local o los orientadores laborales. En Carballo algunos técnicos han tenido que abandonar ya sus puestos, y probablemente no serán los últimos.
Más de cincuenta empleados de los concellos de la zona están en las mismas condiciones, aunque los alcaldes aseguran que o bien se saltarán la ley -de hecho, ya lo están haciendo en muchos casos al no aplicar el horario mínimo que deben trabajar los funcionarios, 37,5 horas a la semana- o bien buscarán fórmulas alternativas que les permitan mantener a esos trabajadores, algunos de los cuales llevan más de una década ocupando el mismo puesto.
Cee es, con diferencia, el municipio más afectado. Aparte de los servicios que ya han externalizado (la escuela de música en su totalidad y un monitor deportivo), ahora también prescindirá del grupo municipal de intervención rápida, ya que, según explican desde el gobierno municipal, el Ayuntamiento no puede asumir los 100.000 euros que tendría que aportar al no disponer de subvención.
La contratación de los servicios a través de empresas es una de las vías por la que han optado varias Administraciones locales, aunque sus responsables critican esta salida porque supone, o bien un sobrecoste para pagar al intermediario y que el trabajador siga manteniendo su puesto, o bien una reducción del salario de ese personal. Es decir, o pierde el Concello o pierde el empleado. En Muxía lo han hecho, pese a todo, para seguir con dos maestros en la escuela de adultos, y en Fisterra, con el servicio de limpieza de edificios.
En Dumbría, donde el año pasado no pudo ponerse en marcha el plan de empleo, precisamente a causa del Real Decreto-ley, el alcalde asegura que el Ayuntamiento asumirá todos los costes para mantener la misma plantilla que el año pasado. «Fixemos un esforzo para manter o persoal, porque é moi complicado tal e como están as cousas. A Xunta reduciu moitas partidas. Por exemplo, en axuda a domicilio parsou de 20.000 a 6.000 euros, pero aínda así seguiremos prestando os mesmos servizos», aseguró José Manuel Pequeño. La consignación presupuestaria, al menos, ya existe.
La situación cambia mucho de unos municipios a otros. En Cerceda están en peligro cinco puestos y en Vimianzo, uno, y también las perspectivas son diferentes. Mientras en el primer caso la concejala de Promoción Económica, Begoña Rodríguez, aseguró que se hará «todo lo posible» por mantenerlos, en la capital soneirana dan por perdida la plaza de agente de desarrollo local. El regidor cabanés, José Muíño, no quiere renunciar al suyo, y argumenta, como otros mandatarios de la zona, que, paradójicamente, los puestos más afectados son los relacionados con el empleo.