El único equipo psicosocial para la provincia está atascado
30 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Hasta tres meses tienen que esperar las víctimas de maltrato para ser valoradas por el único equipo psicosocial que funciona en la provincia y que depende del delegación que el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) tiene en la capital lucense. La deficiente situación viene arrastrándose desde hace años y los tres meses son la espera media del año pasado, según recoge la fiscalía lucense en su memoria anual. El ministerio público muestra su preocupación por esta situación.
«A pesar del funcionamiento correcto de la unidad de valoración integral, debe hacerse constar que solo existe un equipo psicosocial para toda la provincia que recibe una cantidad de peticiones de valoración a la que no puede hacer frente, si se tiene en cuenta que además de realizar todas las correspondientes a los partidos judiciales de Lugo, Becerreá y A Fonsagrada, tiene encomendadas las que puedan llegar de las secciones territoriales de Monforte y Mondoñedo», señala la memoria.
Las valoraciones en cuestión son solicitadas en la mayoría de los casos por los responsables de los juzgados de instrucción o los fiscales de violencia. Son consideradas como imprescindibles, así lo expone la fiscalía, «para la correcta calificación de los hechos, razón por la cual, la obtención de una respuesta en tiempo prudencial es de vital importancia».
Por ahora de nada sirvieron las quejas ni de la fiscalía ni del representante del Imelga en Lugo que denunciaron repetidamente la carga de trabajo que tiene este único equipo de valoración. Hubo momentos en los que el equipo no pudo dar nuevas citas hasta que no acabó los informes de las personas a las cuales ya había valorado. Los casos considerados muy urgentes o los que ya dispongan de fecha de juicio constituyen las excepciones de atención preferente.
Dice la fiscalía lucense que la situación no ha mejorado a pesar de que los responsables de los distintos juzgados parece que han adecuado sus peticiones a las carencias detectadas. Aún cuando las peticiones planteadas a nivel judicial descendieron durante el año 2011, esa situación, dice la memoria del ministerio público, reduce la tensión laboral de los profesionales que tienen encomendada la emisión de los informes técnicos, «pero se puede empeorar la calidad de la respuesta judicial que se da al asunto, al fallar un elemento que puede ser relevante para valorar todas las circunstancias del caso relacionadas con el conflicto familiar; en este año (se refiere al 2011) existe una lista de espera de aproximadamente unos tres meses (salvo urgencia) con lo que puede decirse que se ha estabilizado el plazo medio de espera y, al menos, la situación no ha empeorado».
La fiscalía dice que puede empeorar la respuesta judicial a las afectadas