Si me atengo a lo que se dice en la acusación, probablemente los responsables de Megaupload se merecen haber sido detenidos, aunque por ahora nos falta escuchar la otra parte de la historia cuando pase por los tribunales.
Será uno de esos casos que hacen historia, pues implica a personas, empresas y máquinas distribuidas en varias partes del mundo, y dependientes de distintas jurisdicciones. Hay, de todos modos, una diferencia fundamental entre este caso y el de las páginas de enlaces: Megaupload sí albergaba los archivos que sus usuarios compartían.
Pero no hay que olvidar que, si bien todo el mundo asociaba Megaupload con descargas de contenidos protegidos por derechos de autor, en ese sitio había también contenidos sobre cuya legalidad no cabe duda y a los que sus propietarios ya no tienen acceso.
Además, no hay diferencia entre lo que se puede hacer en Megaupload y lo que se puede hacer con Dropbox, un sitio que tiene una imagen mucho más limpia, pero contra el que también se podría actuar en un momento dado. Es un poco aquello que decían los romanos de que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que además debe parecerlo.
Pero cerrar Megaupload no servirá de nada a la hora de frenar el intercambio de archivos. Mientras escribo estas líneas se estarán creando varios clones y las redes P2P seguirán funcionando igual. Como decía David Bravo en Twitter al poco de conocerse la noticia, «si un niño pone un dedo en uno de los agujeros de un colador, solo él piensa que ahora se filtra menos cantidad de agua».
Todo lo más, servirá para enviar un mensaje ejemplarizante, siempre que la sentencia se produzca en el sentido que la Fiscalía y la industria de los contenidos esperan. De hecho, entrar como un elefante en una cacharrería y arramplar con los derechos de los usuarios que tenían allí contenidos legales probablemente tenga un efecto negativo sobre la imagen de la industria audiovisual. Para lo que sirven actuaciones como esta es para demostrar que no hace falta crear leyes draconianas y chapuceras como SOPA, PIPA o Sinde, pues ya existen herramientas legales para actuar.
Una vez más, el debate vuelve a que la industria no ofrece un modelo de negocio válido a los usuarios, pues aunque queramos, en muchos países no podemos pagar por un servicio que nos permita ver, por ejemplo, series de televisión a la carta. Netflix ha dicho que no va a entrar en España porque se le piden derechos el triple de caros que en otros países. La actitud de la industria sigue siendo la de querer ponerle puertas al campo, y no va a poder por mucho que se empeñe ni va a servirle de nada. ¿O le sirvió de mucho cerrar Napster allá por el 2000?