Llegó el día D y Baltasar Garzón inició su paseíllo por los jardines de la madrileña plaza de París, camino de los estrados del Tribunal Supremo. No se sentó en el banquillo, sino al lado de su abogado y ataviado con toga y puñetas -un privilegio que en España solo tienen jueces y abogados-, pero sí como acusado.
Enfrente tuvo y tendrá, a lo largo de las otras dos sesiones que restan del juicio, un tribunal presidido por Joaquín Giménez -el único al que Garzón no recusó- y otros seis magistrados, entre ellos Manuel Marchena y Luciano Varela -los instructores de los otros dos procesos que tiene pendientes-, que siguen ahí al fracasar el enésimo y último intento de la defensa de apartarlos del tribunal. Del otro lado de la barrera, tres abogados, de los cuales dos cambiaron sus profesiones iniciales de fiscal y juez en las que coincidieron en la Audiencia Nacional con el acusado por el ejercicio privado de la profesión.
Despachadas por la mañana las cuestiones previas, con la admisión de algunas pruebas pedidas por la defensa, quedó para la tarde el interrogatorio del acusado. Un Garzón tranquilo, más seguro de sí mismo que de su voz y con las ideas muy claras, afrontó el interrogatorio de las partes. Si algo dejó claro el acusado fue una cosa: de las escuchas no le interesaba la estrategia de defensa de los detenidos, sino evitar que, a través de algunos abogados integrados en la trama, moviesen los millones de euros que ocultaban en distintos paraísos fiscales.