El más universal de los jueces españoles se estrena hoy como reo ante el alto tribunal de su país. Será un drama en tres actos.
17 ene 2012 . Actualizado a las 15:58 h.En el sistema judicial americano el presidente del tribunal suele empezar los juicios con: «El Estado de... contra...». Si aquí se siguiera ese mismo ritual, el juicio que da comienzo hoy en Madrid ante la atenta mirada de varios centenares de enviados especiales de los medios de comunicación de todo el mundo, podría iniciarse así: «El Tribunal Supremo de España contra Baltasar Garzón».
El señalado para esta mañana será el primero de una serie de tres procesos encadenados -en la práctica, no formalmente- en los que tendrá que defenderse de los cargos que pesan contra él como presunto autor de un mismo delito: prevaricación judicial, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho.
Este proceso comenzó con la querella del abogado de uno de los imputados en una trama de corrupción masiva, el caso Gürtel, tras una investigación dirigida por el juez ahora acusado. Su delito fue haber autorizado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la intervención de las conversaciones que los principales dirigentes de la organización delictiva mantuvieron en prisión con algunos de sus abogados, ante la sospecha de que podría existir connivencia con sus clientes para hurtar del alcance de la Justicia española millones de euros ocultados en el extranjero.
Aunque la Fiscalía no respalda la acusación, el instructor de la causa -Alberto Jorge Barreiro- decidió abrirle juicio por entender que tal resolución pudo haber vulnerado el derecho de defensa de los investigados y, además, admitió la personación como acusador del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que sigue en prisión. El Ministerio Fiscal calificó en su día la querella de «fraude de ley».
Sentencia inapelable
La sentencia -inapelable- será dictada por un tribunal formado por siete magistrados, entre los que se cuentan dos -Luciano Varela y Manuel Marchena- que son los instructores de los otros dos procesos a los que se tendrá que enfrentar posteriormente. Si resultase condenatoria -algo más que probable-, la pena no será de cárcel, sino de inhabilitación como juez por un período de 15 años, con lo que, en la práctica, no podrá volver a la judicatura.
Juicio inaplazable
Aunque la querella que sirvió para incoar este proceso fue admitida a trámite casi un año después de la derivada de la investigación de los crímenes del franquismo, cuya instrucción se ha dado por concluida hace más de medio año, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hizo todo lo posible y algo más para que la de las escuchas fuera la primera en ir a juicio.
La vista se había señalado inicialmente para el pasado 29 de noviembre, pero la recusación planteada contra seis de los siete miembros del tribunal y admitida contra cinco de ellos obligó a posponerla.
Una hábil maniobra de última hora -la recusación de Luciano Varela, uno de los sustitutos- casi consigue el objetivo de que se celebrase primero el juicio de los crímenes del franquismo, en el que no está todo perdido, pero no podía ser: era inaplazable.