La ayuda a domicilio, el servicio más deseado que exprime a los concellos: «Piensan que 14 euros es una barbaridad y el margen que queda es nada»

Mila Méndez Otero
m. méndez A CORUÑA / LA VOZ

PONTEDEUME

SANDRA ALONSO

El coste de los cuidados, el aumento de dependientes y la demanda creciente de personal obligan a hacer encaje de bolillos

09 feb 2021 . Actualizado a las 09:13 h.

La pirámide de población es clara: los habitantes envejecen. Ante esta perspectiva, los concellos saben que hay un servicio para el que van a tener que ampliar fondos. El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) es una de las partidas en las que se va la mayor parte del gasto social de los municipios pues, aunque se trata de una competencia autonómica, su gestión fue transferida a las corporaciones locales. Pero, ni los fondos llegan ni hay profesionales suficientes.

Antes de nada, para poder tener derecho a horas de un cuidador dentro del servicio SAF, primero la Consellería de Política Social tiene que reconocer y valorar una dependencia. Después, el usuario, o su familiar, puede elegir entre varias opciones. «O SAF ofrece atención profesional a máis de 24.000 galegos. Isto supón en torno á terceira parte do total de persoas que reciben unha prestación ou servizo da Lei de Dependencia, algo que dá boa medida da súa relevancia», apuntan desde la Consellería.

Solo en la provincia de A Coruña, añaden desde San Caetano, hay 3.923.000 horas anuales de SAF asignadas entre todos sus municipios. El pasado mes de diciembre, ante el aumento de demanda provocada, entre otras causas, por el covid, se decidió subir en un 18,92 % las horas concedidas a 51 concellos coruñeses.

Pero, que un municipio como A Coruña tenga 395.532 horas asignadas no significa que las pueda satisfacer todas. «La Xunta aporta una tarifa plana de 9,70 euros como máximo. Sin embargo, el precio real de la hora es mayor. Ahora estamos pagando, en función del contrato, entre 12,50 y 16 euros. En los nuevos pliegos que preparamos, con los precios actualizados, la hora va a 18 euros», especifica Ana Cancelo, trabajadora social en María Pita. La diferencia la abonan entre el Ayuntamiento y el copago de los usuarios en función de sus ingresos.

Con una lista de espera de 700 personas que se renueva cada semana, «el orden de preferencia -aclara Yoya Neira, la concejala de Benestar Social- va en función del grado de dependencia. El 1 es el menos grave, el 3 el más grave y estos tienen prioridad». La intención del ejecutivo local herculino, donde disponen de un SAF propio municipal para situaciones de emergencia mientras no se soluciona la dependencia, es aumentar un presupuesto que asciende a los siete millones de euros solo para hacer frente a las horas SAF subcontratadas a tres empresas.

En  Santiago, también con gobierno socialista, la reclamación es la misma. «El coste de la hora ha ido aumentando, pero no así la aportación de la Xunta, que es la misma desde hace más de diez años», dice la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro. De los 15,90 euros que están pagando en Compostela, con los nuevos contratos en proceso de adjudicación la tarifa asciende a los 18 euros.

Ley Montoro y cuidadoras

Mientras en la capital gallega se ha aumentando en un millón de euros la dotación del contrato (asciende a los 3.080.000 euros), en municipios más pequeños, como es el caso de Pontedeume, el esfuerzo inversor es mayúsculo. «Só con actualizar os prezos cos convenios do sector, temos que destinar máis fondos, o que nos leva a non poder asumir máis horas ou ter que deixar de prestar outros servizos. Ademais, hai un problema de contratación. Coa lei Montoro, se nos dan máis horas pero temos o concurso pechado, nós non podemos contratar máis», detalla Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume y portavoz del PSOE en la Diputación de A Coruña, organismo que ofrece ayudas para el SAF a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Los recursos humanos son otro reto. «El problema no es tanto de falta de cuidadoras -la mayoría son mujeres y, aunque no se requiere una formación concreta, cada concello establece los requisitos-, sino de lo que las empresas pagan por un trabajo duro, no solo en lo físico», explica Manuel Gandoy, director del máster en Xerontoloxía de la USC.