No pasa una semana en la ciudad sin que una empresa del naval ferrolano entre en concurso de acreedores o aplique un expediente de regulación de empleo ante la falta de trabajo en el sector. Pero Navantia, noqueada por la falta de frutos de su política comercial, parece en estos momentos más volcada en cerrar el convenio colectivo más agresivo para los trabajadores que se haya firmado en las últimas décadas en los astilleros públicos que en resolver su verdadero problema de fondo. Mientras su presidente emite una carta autoinmolando a la compañía -de la que puso en duda su competitividad y la vigencia de sus buques- y advirtiendo de la necesidad de aplicar una política de costes que va a suponer un hachazo a las condiciones laborales de su plantilla, la compañía que predica el austericidio subcontrata a una empresa por varios centenares de miles de euros la redacción de su nueva estructura organizativa nombrando jefes y directivos por doquier que, de seguir así las cosas, no van a tener sobre quién y qué mandar.
Mientras, los miles de trabajadores del sector que han ido cayendo en el abismo del desempleo a la par que las promesas políticas de ocupación se diluían esperan con avidez noticias de contratos que tozudamente se niegan a aparecer. Pero en el último capítulo de las negras sombras que el presidente de SEPI dijo que se ciernen sobre Navantia, la empresa hace planear ahora la duda de un posible ajuste de empleo. Que pongan las cartas boca arriba ya.