os medios que se aplican contra el furtivismo marisquero en la ría de Ferrol se han triplicado, pero el problema sigue ahí. De qué sirve la policía autonómica, la vigilancia de las cofradías y la colaboración de la Guardia Civil si, periódicamente, las noticias nos sorprenden recordándonos las magras cifras de la ilegalidad del sector.
Ya la operación contra la vieira tóxica puso de manifiesto el absoluto descontrol: infractores que extraían este marisco con la veda cerrada por toxicidad y que luego acababa en conocidos restaurantes de la comunidad autónoma.
Fue necesario que el juez Morán autorizase escuchas telefónicas, seguimientos, entradas y registros en garajes/almacén y restaurantes para que la opinión pública tuviese fiel conocimiento de los niveles en que se movían estas redes de (supuestos) delincuentes.
¿Qué hacían los cuerpos con competencia marisquera como la guardería de costa, la policía autonómica o los servicios privados de vigilancia pagados a las cofradías? Ocurre que estas cofradías se han convertido en instrumentos clientelares del gobierno de turno.
Cómo si no puede explicarse ese sistema de subvención permanente, apenas sin control, salvo por las contrapartidas políticas que recibe el que las otorga.
Cuando chirría la cosa por demora en el pago, se monta un pequeño follón y al momento se restaura el sistema. Así se oculta también la ineficacia de la vigilancia, pública/privada.
L