El Juzgado de Instrucción número 1 absolvió a Bernardo Bastida Sixto, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, por unos incidentes ocurridos en el edificio administrativo de la Xunta de la plaza de España. Un numeroso grupo había acudido a la sede autonómica para reclamar medidas ante la situación creada por la contaminación de los bancos de almeja de As Pías.
La sentencia, dictada por la magistrado Ana González Lorenzo, indica que los hechos ocurrieron el 14 de septiembre del 2006 cuando unos sesenta mariscadores, entre los que se encontraba el propio Bernardo Bastida, entraron en el edificio donde el patrón mayor mantuvo una reunión con la delegada comarcal de la Consellería de Pesca. Todos permanecieron en el interior del edificio hasta las ocho de la tarde, momento en que la policía les comunicó que si no lo hacían serían desalojados. El colectivo abandonó el lugar.
La actitud policial
Según dice la sentencia, Bastida se limitó a esperar una respuesta de la representante de la Consellería de Pesca y salió, junto al resto de los mariscadores, cuando fueron requeridos a ello.
El mando policial de la unidad autonómica que intervino declaró en el juicio que a las dos y media de la tarde, cuando se cerraron las puertas del edificio, les sugirió que se marchasen y no lo hicieron, dijo también que desconocía si a esa hora la delegada comarcal de Pesca había accedido a celebrar una reunión con Bastida. En todo caso, apunta también la sentencia, cuando a las ocho de la tarde el mando recibió la orden de desalojo y se la comunicó a los mariscadores «estos procedieron a abandonar el edificio sin causar ningún problema». «En consecuencia -concluye la magistrado-, a la luz de lo expuesto y en virtud de los principios de presunción de inocencia y de intervención mínima del derecho penal, se impone un pronunciamiento absolutorio.
El acusador
El representante del Ministerio Fiscal, en el juicio, había considerado al patrón mayor culpable de una falta y solicitó su condena a multa de un mes, a razón de una cuota diaria de diez euros (300 euros). Se desconoce, por el momento, si el fiscal recurrirá el fallo absolutorio, dado que es apelable ante la Audiencia Provincial de A Coruña.