El Gobierno elude cifrar los fondos que planea asignar a la recuperación de Ferrol en el 2006 Industria aprueba el trámite previo a la convocatoria de ayudas para zonas en depresión
19 abr 2005 . Actualizado a las 07:00 h.La ciudad mira de reojo hacia Bruselas, de nuevo. El cuarto programa de ayudas para la reactivación económica de Ferrol, actualmente en proceso de elaboración, se diferenciará de los tres anteriores en al menos un aspecto, cosa sustancial, eso sí: tendrá que pasar el filtro de la Comisión Europea, como dispone la Ley General de Subvenciones, de finales del 2003. Además, la gestión de los fondos habrá de guiarse por los principios generales de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. El Gobierno, de momento, elude aproximar cuántos recursos planea destinar en el 2006 a levantar la comarca e incluso si éstos tendrán o no continuidad en ejercicios sucesivos, pues eso lo determinarán «las circunstancias». Fuentes extraoficiales del Ejecutivo central aseguran, no obstante, que la partida en ningún caso bajará de los 30 millones de euros. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer las condiciones genéricas que regularán la concesión de dineros públicos para iniciativas de reindustrialización en España durante el período 2005-2008, «como respuesta a los indirectos efectos negativos de determinadas actuaciones», por ejemplo, el desmantelamiento de Izar. No significa que el ministerio de José Montilla haya abierto ya una línea de créditos blandos y similares, sino que ha sentado las bases para ir haciéndolo, de ahora en adelante, a través de convocatorias específicas como la que se dedicará a Ferrolterra, como la que tendrán otras comarcas o grupos de comarcas en depresión, como la que disfruta el Campo de Gibraltar desde el 2001. La concesión o rechazo de fondos para cada uno de los proyectos susceptibles de ser subvencionados, inicialmente, se decidirá en Madrid, en la sede de Industria. Aunque, según el texto que ha remitido al BOE, este departamento pretende firmar convenios con administraciones locales y autonómicas para que éstas colaboren en el proceso de toma de decisiones.