Análisis | Los municipios, contra el desmantelamiento de astilleros Los ayuntamientos lanzan un órdago al Gobierno al bloquear recalificaciones de unos terrenos que no les pertenecen, pero sobre los que tienen la última palabra
02 sep 2004 . Actualizado a las 07:00 h.«Los ayuntamientos tienen en su poder el uso de los suelos. Hoy lo han metido en una caja y lo han cerrado con llave». Esta frase se escuchó en la Comisión en Defensa del Sector Naval anteayer, el día en el que los municipios que cuentan con instalaciones del grupo Izar acordaron que bloquearían cualquier iniciativa destinada a alterar el uso de los terrenos en los que hoy se ubican los astilleros. Con esta medida, los municipios envían un mensaje diáfano al Gobierno central: se opondrán frontalmente a cualquier movimiento que conduzca a sustituir las instalaciones industriales que emplean a miles de trabajadores por terreno abonado para operaciones urbanísticas. El gesto, al margen de la eficacia que pueda tener, es un no al pelotazo. En el caso de Ferrol, la unidad expresada por los grupos municipales debe constituir un garante de que tal postura no cambiará aun en el caso de que el mando del gobierno local pase en su momento a otras formaciones políticas. La actitud de los ayuntamientos supone un aviso para navegantes ante lo que puede representar un dulce de lo más apetitoso para especuladores inmobiliarios: un terreno ahora utilizado por un sector productivo cuyo futuro está en el alero, con un aliciente extra fundamental, el hecho de estar junto al mar. Titularidad Los terrenos de Izar no son de titularidad municipal ni en el caso de la antigua Bazán ni en el de Astano. El suelo en el que se asienta el astillero de Fene pertenece a la Autoridad Portuaria y está explotado por el grupo naval en un régimen de concesión, a cambio de una cuota, cuya duración no tiene otro plazo que el que marque la propia actividad productiva. En Ferrol, el suelo de los astilleros es propiedad del Ministerio de Defensa. Precisamente, de ello se deriva un largo conflicto que todavía está por resolver: el Concello está pendiente del cobro de un sustancioso IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) cuya responsabilidad se atribuyen mutuamente Izar y Defensa. El asunto está inmerso en un proceso contencioso administrativo y pendiente de resolución en los tribunales. En cualquier caso, y pese a no ser propietarios de los suelos, son los ayuntamientos, en condiciones normales, las instituciones que tienen la última palabra a la hora de definir los usos de un tereno. Las instalaciones de Izar en Ferrol y Fene suman 2,5 millones de metros cuadrados de terreno con salida a la ría. El valor que podrían tener para la construcción de viviendas es imposible de calcular, y de hecho es una situación que nadie contempla. Nadie, excepto los políticos, que sí la han previsto al promover este blindaje contra hipotéticos pelotazos. Habrá que ver si la decisión adoptada el miércoles es útil en la defensa del sector o se queda en un brindis al sol manejable con presiones partidistas. En cualquier caso, resulta difícil pensar que vaya a alterar sensiblemente el plan industrial del Gobierno, sean cuales sean sus pormenores.