Análisis | El problema de la empresa con Bruselas La resolución de la Comisión Europea contra el grupo naval se debe a que el Ejecutivo español entregó a los astilleros ayudas de estado, pese a que en 1997 se comprometió a no usarlas más
26 jun 2004 . Actualizado a las 07:00 h.Izar se encuentra al borde de la quiebra. ¿Por qué? La Comisión Europea (CE) sostiene que ha percibido multimillonarias ayudas irregulares y le insta a devolverlas al Estado español. El marco normativo Con arreglo al apartado primero del artículo 87 del Tratado CE, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre estados miembros de la Unión Europea, las ayudas públicas otorgadas, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Bruselas fundamenta su decisión en este principio. La excepción de 1997 No obstante lo anterior, el 2 de junio de 1997, el Consejo de la UE aprobó el Reglamento 1.013/07, que autorizaba al Gobierno español a inyectar en los astilleros estatales de Puerto Real, Cádiz, Sevilla, Sestao, Gijón, Vigo y Santader -estos dos últimos no se encuentran integrados en Izar ahora- fondos por valor de 1.076,4 millones de euros, para un plan de reestructuración que perseguía equilibrar sus cuentas antes del 31 de diciembre de 1998. A cambio, el Ejecutivo, entonces popular, aceptó reducir un 12,5% la capacidad productiva de las factorías y se comprometió a que Astano no volvería a la construcción convencional. Aquella norma excepcional incluía una condición más: «No se pondrá a disposición de los astilleros cubiertos por este reglamento ninguna nueva ayuda a efectos de reestructuración (incluidas las compensaciones por pérdidas, garantías de pérdidas y ayuda de rescate)». Las dos investigaciones La CE sospecha que, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Gabinete de José María Aznar entregó, primero a Bazán y a Astilleros Españoles (AESA), y luego a Izar, subvenciones irregulares, en tanto que contravienen el marco legislativo comunitario. Así, los días 27 de mayo y de julio del 2003, abrió dos expedientes contra el grupo naval. La primera investigación siguió la pista a 517 millones (préstamos de 194,4 a los centros de Cádiz, Gijón y Manises; una aportación de capital de 252,4 a AESA; y compensaciones de pérdidas por importe de 68,2 a las tres plantas mencionadas anteriormente más la de Fene). La Comisión concluyó sus pesquisas el 12 de mayo pasado y emitió una resolución que, en la práctica, obliga a Izar a devolver unos 350 millones (308,3 más intereses) a la SEPI. El segundo proceso, referido a otros 1.477 millones, se encuentra en marcha aún. Y ése es todo el pecado de Izar.