?anto Pérez Sequeiros como Rosana Yago han observado en el diario ejercicio de su cargo que cada vez surgen nuevos grupos de población que han caído en la pobreza. En Narón, donde era habitual que cada mes se tramitaran 600 solicitudes de ayuda, desde mayo se estudian 800 casos cada 30 días. El incremento en la demanda de ayuda ha sido del 33%. La concejala de Narón explica que ya no sólo acuden a Servicios Sociales lo que se podrían considerar usuarios clásicos, sino también familias de clase media que al perder el empleo del que dependía su economía se ven incapaces de hacer frente a los gastos habituales, como puedan ser créditos, alquileres, colegios, etcétera. Acuden entonces al mostrador de Servicios Sociales. El Risga Las ediles de Narón y Neda también coinciden en su opinión sobre la renta de integración social, el popular Risga, que surgió como una forma de ayudar a las personas con problemas durante unos meses, mientras buscaban el modo de rehacer sus vidas. Pero en la práctica, explica Pérez Sequeiros, no hay recursos públicos para ayudar a los perceptores de Risga a encontrar un empleo que les permita integrarse socialmente. Por tanto, este grupo de población cobra el Risga de forma indefinida. «Parecen pensiones de invalidez», sentencia Rosana Yago.