Una sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer el 11 de agosto pasado avala, aparentemente, la demanda que los cuatro grupos municipales ferrolanos plantearán en dos semanas ante el secretario general de Política Fiscal, Antonio Beteta, en Madrid. Dicho fallo reconoce que el Ayuntamiento gaditano de Rota tiene derecho a imponer tributos sobre parte de la base naval hispano-americana allí ubicada. En esencia, el juez determina que no todo el recinto puede considerarse afecto a la defensa nacional; por tanto, según este documento, determinadas parcelas del mismo deberían ajustarse a las obligaciones de tributación consideradas convencionales. La sentencia del órgano judicial superior ratifica en realidad otra anterior (1997) de la Audiencia Nacional. Contra ese dictamen no cabe apelación ante el Constitucional, pues el fallo no afecta a los derechos fundamentales del demandado (Defensa). Preguntado sobre la opinión que le merecía, en agosto un portavoz oficial del gabinete que dirige Federico Trillo-Figueroa respondió: «Aquí tenemos por norma acatar las sentencias y no comentarlas». Por aquellas fechas, conocida la sentencia, el alcalde roteño, Domingo Sánchez (PSOE), en una entrevista publicada por La Voz, manifestó su intención de llegar a un acuerdo con Defensa. «Queremos firmar un convenio con el ministerio para que cada año nos traspase tres millones de euros por las servidumbres a las que estamos sometidos (...) tener la base naval aquí nos obliga a reservar caminos y a disponer de más policías locales que en el resto de ayuntamientos», manifestó el socialista.